El vivienda Es una de las grandes preocupaciones económicas y sociales de España. Los precios al alza, las condiciones de acceso a los alquileres, la pequeña oferta y los salarios estancados son algunos de los problemas que magnifican el problema.

Pero también los propietarios solicitan herramientas para protegerse de Okupas. En este sentido, la legislación ha sido dirigida a acelerar los procedimientos, pero también a ofrecer protección a aquellos que no pueden lidiar con el pago de tarifas por ser declarados vulnerables.

La solución propuesta por una compañía de bienes raíces debido al problema de las sentadillas

En un comunicado, la Agencia de Bienes Raíces para la Negociación de Alquiler (ANA) defendió el lunes pasado que «Cuando un Okupa entra en una casaya sea por razones de vulnerabilidad o no, debe ser desalojado por las fuerzas de seguridadproporcionándoles las habilidades necesarias para intervenir, como es el caso cuando un ladrón se detiene robando ».

«Este enfoque administrativo evitaría la intervención judicialque a menudo retrasa los procedimientos debido al carácter de garantía de nuestro sistema judicial, al tiempo que alivia la carga de trabajo de los tribunales, lo que les permite centrarse en otros asuntos «, dijo la ANA en un comunicado.

En su opinión, el «Solución viable única para erradicar, de una vez por todas, el fenómeno de la vivienda en cuclillas» Debe ser administrativo, delegado en las fuerzas y fuerzas de seguridad del estado, como sucede en otros países de Europa.

«Los esfuerzos deben estar orientados, no para legislar procedimientos más rápidos para desalojar a los ocupantes ilegales, que en la práctica no están dando resultados efectivos, sino al proporcionar a nuestras fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para actuar inmediatamente antes de una ocupación», agregó.

Y agregó que, ya sea dentro de las 24 horas, como es actualmente el caso, o en un período mayor, “la verdad es que para este tipo de ilegalidades No debería haber plazos actualesSi no, debe actuar desde cuándo se descubre la Comisión del Crimen ».

Además, la ANA dijo que todos los contratos de arrendamiento deberían verse obligados a ser por escrito, eliminando así los acuerdos verbales que hoy siguen siendo una fuente de conflicto.

Un registro público de contratos de arrendamiento

También solicitó crear un registro público de contratos de arrendamiento con registro obligatorio para todos los alquileres de viviendas, similares a los que ya existen en varias comunidades autónomas. Este registro debe producir efectos legales contra terceros.

De esta manera, según la ANA, las fuerzas de seguridad podrían verificarTelemáticamente cuando visitan el out -Of -Derecho, Si el contrato de arrendamiento enviado por el OKUPAS está registrado. Si no fuera así, podrían proceder inmediatamente al desalojo.

Aunque esta medida, en su opinión, puede no parecer «la más popular desde una perspectiva social», aclaró que no es «aceptable» violar los derechos de Propietariosque están «obligados a admitir un problema cuya solución debería corresponder al estado».

«Esto debe garantizar suficientes hogares para servir a los grupos más vulnerables, sin recurrir a las leyes intervencionistas que desalientan a los propietarios y reducen la oferta de alquiler», se estableció la ANA.