El Gobierno británico inicia una oleada de deportaciones de inmigrantes para frenar el auge de la derecha populista
El Gobierno laborista del Reino Unido está redoblando sus esfuerzos para reducir la llegada de inmigrantes al país. El número de deportaciones ha superado las 16.400 desde las elecciones generales del pasado julio –una cifra que no se registraba desde 2018–, mientras que las inspecciones de trabajo y las detenciones han aumentado un 38% respecto de los 12 meses previos a la llegada de los laboristas al poder. El primer ministro, Keir Starmer, está tratando de lanzar un mensaje de mano dura contra la inmigración irregular en un intento de contener el auge del partido de derecha populista Reform UK, a pesar de las críticas de algunos miembros de su propio partido.
Los esfuerzos del Gobierno se han notado especialmente desde el inicio de este año. Splo en el mes de enero se han realizado más de 800 redadas en negocios como centros de estética, pequeños supermercados, restaurantes o lavaderos de coches, con el objetivo de identificar a trabajadores en situación irregular. Esta cifra supone un aumento del 48% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que el número de detenciones ha superado las 600, un incremento del 73%.
“Durante demasiado tiempo, los empleadores han podido contratar y explotar a inmigrantes ilegales. Demasiadas personas han podido venir y trabajar ilegalmente sin que se hayan tomado medidas”, ha asegurado la ministra de Interior, Yvette Cooper. El Ministerio del Interior tiene previsto publicar imágenes de las redadas, de las detenciones y de las posteriores deportaciones para demostrar sus esfuerzos en frenar la llegada irregular de personas al país.
Freno a la inmigración
Desde su llegada al poder, los laboristas han tratado de cerrar acuerdos bilaterales con países de origen, entre ellos Irak, para evitar la salida de inmigrantes y para deportar a aquellos cuya solicitud de asilo haya sido rechazada en el Reino Unido. El Gobierno también ha puesto en marcha campañas en las redes sociales en Vietnam y en Albania –dos de los principales países de origen de los inmigrantes en los últimos años– para alertar de los riesgos de entrar en el país de forma irregular, incluido el riesgo de explotación sexual y laboral.
El auge del partido Reform UK, al que las encuestas situaron por primera vez como primera fuerza en intención de voto la semana pasada, está generando preocupación en el Gobierno, que teme la pérdida de escaños en las zonas del centro y del norte del país donde el discurso contra la inmigración tiene más fuerza. Pero la estrategia de adoptar un discurso parecido al de la derecha populista ha provocado recelos entre algunos diputados del Partido Laborista, especialmente entre los más escorados a la izquierda. “Intentar presentarnos como algo parecido a Reform UK es un gran error. Lo único que conseguiremos es dar legitimidad a su programa y animar a la gente a votarles”, ha dicho la veterana diputada Diane Abbott al diario ‘The Guardian’.
Proyecto de ley
Además de aumentar el número de detenciones y deportaciones, el Gobierno laborista también está redoblando sus esfuerzos en el combate contra las bandas organizadas que facilitan la llegada de inmigrantes a través del Canal de la Mancha. El Parlamento tiene previsto votar este lunes a favor de la tramitación del proyecto de ley que da nuevos poderes a las fuerzas de seguridad para imponer sanciones a los miembros de estas bandas antes incluso de la apertura de una investigación formal. Unas sanciones que incluyen limitaciones en los desplazamientos, la intervención de activos financieros y la prohibición de utilizar cuentas en redes sociales, teléfonos móviles y ordenadores portátiles.
El proyecto de ley ha recibido las críticas del Partido Conservador, que sostiene que no será suficiente para detener la llegada irregular de inmigrantes. Los ‘tories’ han criticado al Gobierno por descartar el plan de deportaciones a Ruanda –un plan en el que se invirtieron cientos de millones de libras y que fue tumbado en repetidas ocasiones por la justicia– y han recordado que la nueva norma seguirá permitiendo pedir la ciudadanía a las personas que lleguen de forma irregular al país. “Nuestro país es nuestro hogar, no un hotel”, ha asegurado el responsable de Interior del Partido Conservador, Chris Philip.
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