Mazón se aseguraría dos años con sueldo público de 75.000 euros si aguanta hasta julio
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, se asegurará un sueldo público de 75.000 euros durante dos años si resiste en el cargo hasta el próximo 13 de julio. El popular cumpliría ese día dos años como jefe del Consell, un hito que, según recoge el Estatuto de los Expresidentes de la Comunitat Valenciana, le permitiría convertirse en miembro nato del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y percibir esa remuneración a cuenta de las arcas autonómicas durante el mismo tiempo que ha ocupado el cargo. Pero el requisito indispensable es cumplir como mínimo esos dos años al frente de la Generalitat.
Mazón atraviesa un momento más que delicado a nivel político y social por su gestión de la dana del pasado 29 de octubre. Las críticas a la actuación del president, ya no solo el día de la riada sino a la hora de ofrecer explicaciones sobre su papel durante aquella fatídica jornada, llegan también desde su propio partido, donde en privado la mayoría de dirigentes admiten el desconcierto que causa su estrategia de escurrir responsabilidades y sus cambios de versión en lugar de centrar el foco en la reconstrucción a la que él mismo ligó su futuro.
El salario del Consell funciona como una bolsa de dinero que el beneficiario puede disfrutar cuando quiera
Por ahora Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, aguanta la presión y no ha movido ficha sobre su futuro, pero la debilidad del barón valenciano ha generado las primeras especulaciones sobre sus posibles salidas, algo siempre relevante en estos casos en los que un político corre riesgo de quedar descabalgado de forma repentina. Y aquí es donde entra en juego la ley 6/2002 que regula los derechos de los expresidentes de la Generalitat.
En su artículo 4.1 establece que «serán miembros natos del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana durante un plazo de 15 años cuando hayan ejercido el cargo de presidente por un periodo igual o superior a una legislatura completa», un escenario (2027) que se antoja lejano ahora mismo para Mazón. Pero añade: «En los restantes casos, serán miembros natos por un periodo igual al tiempo que hayan ejercido el cargo de presidente, con un mínimo de dos años».
Prerrogativas flexibles
Ese último apartado es el que permitiría a Mazón acogerse a esa prerrogativa si llega como president al 13 de julio, cuando se cumplirán dos años de su investidura, tal como confirman fuentes jurídicas conocedoras de la situación. Estas reconocen que la redacción de esta norma es confusa, pero coinciden en señalar que el popular podrá percibir los 75.000 euros durante dos años como miembro nato del CJC si resiste estos poco más de cuatro meses.
La ley le asegura en todo caso dos asesores, un local, un coche oficial y chófer vitalicios, igual que Camps, Fabra y Puig
Y no es preciso que se acoja a ese derecho retributivo de forma automática, nada más salir del Consell, señalan fuentes parlamentarias que estudiaron la norma cuando Podemos (sin éxito) promovió cambios en la ley durante la etapa de Ximo Puig. El salario del CJC funciona como una bolsa de la que el beneficiario puede disfrutar cuando quiera. Es decir, que Mazón podría optar por otras salidas profesionales y, más adelante, activar este sueldo público.
Cabe recordar que el jefe del Consell disfruta de una excedencia en la Cámara de Comercio de Alicante desde 2019, cuando accedió a la presidencia de la diputación provincial. Allí ocupaba el cargo de gerente, con un salario que, en 2021, ascendía a los 95.000 euros, una cifra sensiblemente superior a la que ingresaría del CJC.
El adelanto electoral
Si completara la legislatura, tendría derecho a percibir los citados 75.000 euros durante 15 años. Y aquí llega la gran incógnita: ¿la ley considera un adelanto electoral (una medida que sólo puede decretar el president) como una legislatura completa? Las fuentes jurídicas consultadas entienden que no, pero coinciden en señalar que la ambigüedad de la redacción permite interpretaciones diversas.
Estas fuentes apuntan que toda la legislación valenciana, desde el Estatut d’Autonomia hasta la ley electoral, definen una legislatura como un mandato de cuatro años, un plazo que no alcanzaría Mazón con una disolución prematura de las Corts. Además, el artículo 4 del Estatuto del Expresidente se modificó en 2002, cuando los jefes del Consell todavía no tenían el poder de adelantar elecciones. Esta capacidad se les asigna en la reforma del Estatut d’Autonomia de 2006, por lo que los expertos indican que no tendría sentido legislar contemplando una posibilidad que no existía.
Sea como sea, un adelanto electoral se antoja complicadísimo ahora mismo, pues implicaría que Mazón fuera a la guerra contra Génova, donde no se baraja ese escenario dadas las horas bajas por las que transita el partido sobre todo en la Comunidad Valenciana. Además, desde el prisma judicial, el político alicantino perdería el aforamiento del que goza ahora salvo que repitiera como diputado tras esos hipotéticos comicios, otra opción muy improbable.
Lo que ya tiene amarrado el dirigente popular, dure lo que dure su mandato, es el derecho a contar con dos asesores, un local, un coche y un chófer, también a cuenta del presupuesto de la Generalitat. La ley 6/2002 concede a los expresidents, independientemente de los días que hayan estado en el cargo, una «oficina de apoyo» con los citados recursos y por tiempo ilimitado, unas ventajas de las que disfrutan tres de sus antecesores: Francisco Camps, Alberto Fabra y Ximo Puig.
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