más influencers, menos medios, denuncias y amenazas
Donald Trump se ha presentado como un firme defensor de la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa en EEUU. Sin embargo, su Administración ha redefinido estos conceptos al otorgarse el poder de decidir qué periodistas tienen acceso a la Casa Blanca, retirando las credenciales a la agencia de noticias estadounidense Associated Press (AP) y, en cambio, acreditando a blogueros, podcasters e influencers alineados con facciones más a la derecha del Partido Republicano.
Mientras, el presidente demanda sistemáticamente a los informadores que son críticos con él o simplemente amenaza con hacerlo, a sabiendas de que los elevados gastos legales disuaden a otros de cuestionar a Trump. A esto se suman las reformas legales que impulsa esta Administración con tal de minimizar la transparencia y controlar el discurso mediático sobre su figura y logros, que a menudo los datos no respaldan.
Menos medios, más influencers
La Casa Blanca expulsó recientemente del llamado ‘pool’ presidencial —el grupo reducido de periodistas que cubren a diario las actividades del presidente y comparten la información con el resto de medios— a AP tras negarse a renombrar el Golfo de México como el ‘Golfo de América’. En cambio, extendió nuevas acreditaciones a webs como Real America’s Voice, cuyo enviado especial aprovechó su primer turno de pregunta para elogiar las encuestas de popularidad del presidente.
«Es alarmante que la administración Trump castigue a AP por su periodismo independiente», dijo la editora ejecutiva de AP, Julie Pace, en un comunicado, y añadió: «No solo impide gravemente el acceso del público a noticias independientes, sino que viola claramente la Primera Enmienda».
Este cambio de rumbo radica en la decisión unilateral de la Administración Trump de atribuirse el poder de decidir quién accede al presidente. Este ha sido históricamente el mandato de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, con el objetivo de garantizar la diversidad de interlocutores sin sobresaturar la sala de prensa o el avión oficial, el Air Force One. «Esta medida atenta contra la independencia de la prensa libre en EEUU. Sugiere que el Gobierno elegirá a los periodistas que cubran al presidente. En un país libre, los dirigentes no deben poder elegir a su propio cuerpo de prensa», dijo Eugene Daniels, presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.
«Secretismo inusual»
La restricción del acceso a información por parte de los medios ha tomado también otras formas. La Administración Trump intentó proteger al Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), dirigido por Elon Musk, eximiéndolo de los estándares de transparencia de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Argumentaron que era parte de la Oficina Ejecutiva del Presidente, que tiene inmunidad. Sin embargo, un juez federal desestimó este argumento, señalando que Musk es independiente del Despacho Oval y debía poner fin al «secretismo inusual» mientras realizaba despidos masivos y desmantelaba agencias federales como USAID. Sin embargo, este podría ser otro vaivén judicial.
En paralelo, Trump ha reavivado una antigua demanda ultraconservadora para eliminar las protecciones del Tribunal Supremo que defienden a la prensa de demandas por difamación sin pruebas. Establecer un estándar para aceptar casos previene litigios sin fundamento de personas poderosas que buscan intimidar a los periodistas. Los ultraconservadores, liderados por Sarah Palin, intentan convencer a los jueces designados por él para derogar esta protección.
Demanda y amedrenta
También en esta cruzada, Trump ha usado la amenaza de cortar los fondos públicos. La Comisión Federal de Comunicaciones está investigando a CBS y PBS para determinar si operan «en el interés público», una medida vista como represalia por verificar hechos o ofrecer análisis críticos del presidente. Voice of America, totalmente dependiente de fondos federales, perdió su independencia editorial tras la llegada de cargos de confianza de Trump que abrieron investigaciones internas contra reporteros por una línea informativa que el presidente consideró «crítica».
Los expertos legales advierten que esto es solo el principio. El Departamento de Justicia puede procesar a periodistas en virtud de leyes contra el espionaje, y algunos medios ya se preparan para posibles investigaciones en represalia por coberturas críticas, especialmente en temas de economía e inmigración.
Trump ha utilizado los litigios para intimidar a la prensa desde antes de ser presidente, presentando demandas indiscriminadas por supuesta difamación. La primavera pasada, demandó a ABC News por afirmar erróneamente que había sido declarado responsable de «violación» en lugar de «abuso sexual». También demandó a ‘The Des Moines Register’, alegando que una entrevista editada y una encuesta errónea constituían contenido engañoso. Para medios locales como este, los litigios implican gastos que no siempre pueden asumir, ya que las aseguradoras elevan las primas o retiran coberturas a redacciones con demandas reiteradas, lo que lleva a muchos editores a evitar coberturas críticas.
Incluso los grandes conglomerados sufren presiones políticas. Disney, propietaria de ABC, pagó 16 millones de dólares para zanjar una demanda contra Trump y evitar mayor conflicto. Paramount, matriz de CBS, necesita la aprobación federal para una fusión multimillonaria y también está considerando llegar a un acuerdo en una demanda de Trump contra la cadena. Y lo que es peor. Retroceder con carácter preventivo. ‘The Washington Post’, propiedad de Jeff Bezos, fundador de Amazon retiró su apoyo a Kamala Harris.
Así, a través de acuerdos forzados para evitar juicios que los medios no podrían costearse, a través de blindar el acceso a información crucial, de limitar protecciones legales a los informadores, son muchos los medios estadounidenses que se enfocan en garantizar la supervivencia y la viabilidad económica, incluso cuando ello implica una preocupante autocensura.
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