La Corte Suprema ha abierto un nuevo caso penal contra Eurodiput acosar al fiscal de crímenes de odio de Valencia, Susana Gisbert. Esta tercera causa se suma a los dos ya abiertos contra el eurodiputado para otros supuestos delitos.

La Cámara Penal del Tribunal Superior ha basado su decisión en la exposición razonada enviada por el Tribunal de Instrucción Número 5 de Valencia, que inició procedimientos después de la queja presentada por Gisbert. El fiscal acusó a Pérez de un presunto delito de insultos al funcionario público, coerción y odio a través de las redes socialesDespués de ser víctima de amenazas e insultos de extraños.

El Mensajes de telegrama, En el que Pérez alentó a sus seguidores a desarrollar una animosidad hacia el fiscal, habrían causado una ola de ataques en sus perfiles.

La Corte Suprema ha indicado que la actitud de Pérez podría encajar en el tipo de acoso criminal, conocido como ‘acoso’, considerando que sus palabras eran un llamado a Un grupo cercano a 40,000 seguidores para comprometer la vida diaria de Gisbert. La cámara enfatiza que las amenazas y ataques sufridos por el fiscal podrían haber sido el resultado directo de la incitación de Pérez, lo que demuestra una posible intención de hostigar permanentemente a la víctima.

Este nuevo proceso se agrega a las dos causas abiertas contra Pérez. Uno de ellos, por la supuesta recepción de 100,000 euros de la empresa CriptoSpain financiar su formación política en las elecciones europeas de 2024, y otra, para difundir Una falsa prueba Covid-19 que involucró al Presidente de Generalitat of Cataluña, Salvador Illa.

En el caso relacionado con CryptoSpain, la Corte Suprema ha iniciado procedimientos de presuntos delitos de fraude, apropiación indebida, lavado de dinero y falsedad documental. El PSOE ha aparecido como una acusación popular en este caso. Después de pagar una fianza de 15,000 euros.

En cuanto a la falsa prueba de Illa, el Tribunal Superior investiga a Pérez por presuntos delitos de Falsedad en documentos privados e insultosDebido a las indicaciones presentadas por un tribunal en Barcelona, ​​que, siendo Pérez un Eurodiputa, planteó el caso ante la Corte Suprema.