Después de la resolución del Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC)La ley permite al ejecutivo endurecer, mantener o suavizar las condiciones establecidas en la operación, que en este caso son compromisos acordados con el BBVA sobre el mantenimiento del crédito a las PYME, el mantenimiento de las condiciones comerciales y la inclusión financiera, entre otros asuntos, durante un máximo de cinco años.

Esa intervención gubernamental tiene dos fases. Primero, el Ministro de Economía, Cuerpo de carlosProporciona hasta el 27 de mayo para decidir si plantea el caso al Consejo de Ministros. Entonces, es este órgano el que dicta cómo intervenirán en la OPA.

En cualquier caso, las regulaciones dictan que el ejecutivo, si interviene, debe hacerlo con criterios de interés general y nunca puede basarse en elementos de competencia ya que el CNMC ya ha analizado; En este sentido, las fuentes legales indican que si usaban criterios de competencia, podrían estar expuestos a la ruta judicial.

Ante la primera decisión que el ministro del cuerpo tomó, el gobierno sacó la consulta pública antes mencionada durante siete días hábiles. Una consulta que es un formulario de Formularios de Microsoft en el que la misma persona puede participar miles de veces y usar falso DNI, nombre y correo electrónico. Sin embargo, el Ministerio argumenta que toda esa información se purificará para que no se desaire ninguna respuesta falsa o duplicada.

Ese período de siete días se ha extendido hasta ayer el 16 de mayo. El ejecutivo ya está tratando de purificar la información recibida, como ha revelado el Jefe de Economía, aunque no han observado si harán un equilibrio público en las respuestas recibidas. «La consulta es muy importante para nosotros. Es un elemento adicional de información que nos permitirá tomar la decisión con todas las garantías ”, dijo ante los medios de comunicación en Valencia.

Entre las respuestas estará la Banco Sabadellquien ha participado en la consulta pública contribuyendo con sus argumentos de por qué y cómo el gobierno podría intervenir. Fuentes conocidas destacan que la decisión incluso ha pasado por la junta directiva.

«Hay muchos elementos a considerar», reconoció Body sobre lo que podría basarse para realizar su intervención en la OPA. El ministro recordó que desde el principio han mostrado sus preocupaciones sobre la operación que va más allá de los criterios de competencia. Hizo hincapié en que los elementos asociados con la inclusión financiera, la pérdida de empleo y el cierre de las ramas, y la cohesión territorial deben tenerse en cuenta.

Precisamente, los sindicatos están presionando al gobierno para que interveniran contra la OPA. Los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto con las federaciones bancarias de ambos centrales, enviaron un informe para transmitir sus preocupaciones ayer. Ambos advirtieron sobre «riesgos económicos, sociales y laborales» y cuantificaron lo que sería una «pérdida masiva» de empleo. Específicamente, calculan una destrucción de trabajos entre 7,684 y 10,567 trabajos directos, afectando «especialmente» a los mayores de 50 años.

BBVA no participa

Por su parte, como ABC ha podido saber en BBVA Fuentes, de la compañía presidida por Carlos Torres, consideran que «No hay factores de interés general afectados por la operación. Además, los compromisos asumidos por BBVA con el CNMC favorecen la inclusión financiera, la cohesión territorial y el crédito a las PYME y a los autos empleados, y preservan la competencia, especialmente en los territorios en los que Banco Sabadell tiene una mayor presencia, como Catalonia ».

Además, BBVA no ha participado en la consulta pública. «Como parte interesada en el procedimiento, transferimos nuestras consideraciones, al ministerio y otras autoridades, en el procedimiento en sí», señalan en la entidad financiera.