El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto a la Compañía Airbnb El bloqueo de más de 65,000 anuncios ilegales de viviendas turísticas alojadas en su plataforma. Esto fue anunciado el lunes por la cartera de Pablo Bustinduy en un comunicado a la que Lasexta ha accedido y en el que se requiere que sean 65,935 anuncios a cuya eliminación se ha instado a través de la Dirección General del Consumo cuando se considera «ilegal» por «contravenir» las regulaciones sobre publicidad de este tipo de alojamiento turístico.

Específicamente, según el departamento dirigido por Bustinduy, la subsidiaria en Irlanda de la multinacional «viola» las regulaciones de las diferentes comunidades autónomas donde el consumo ha «detectado» estos anuncios. «En todos los casos, estos son viviendas de uso turístico completo, no hay anuncios de habitaciones individuales», necesitan del ministerio dirigido por Pablo Bustinduy.

Como recuerdan en la cartera, en los últimos meses, se han enviado hasta tres resoluciones a Airbnb en los que se notificaron esos más de 65,000 anuncios ilegales de viviendas turísticas detectadas en su plataforma, en las que ya se instó a esta compañía a bloquear su publicidad. Sin embargo, «Airbnb recurrió a esta acción antes de la justicia para evitar el bloqueo y ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha gobernado sobre la primera resolución» que respalda las acciones de consumo. Precisamente, el TSJM insta a Airbnb a inmediatamente «5.800.

Tres razones

En ese sentido, la Dirección General del Consumo ejerce tres razones para justificar la «ilegalidad» de los 65,935 anuncios de pisos turísticos que se detectaron en Airbnb y que «estarían rompiendo diferentes regulaciones». Primero, según el ministerio, los anuncios no incluyen el licencia o registroAlgo obligatorio en varias regulaciones regionales y eso supone la infracción «más común» en la publicidad que se ha analizado.

Por otro lado, los anuncios no indican la naturaleza legal de los propietarios, es decir, no indican si los propietarios son profesionales o individuosun tema que, en opinión del ministerio, se resulta «Fundamental para saber si quién contrata está protegido como un consumidor o no». A su vez, los anuncios incorporan números de licencia que no corresponden a los emitidos por las autoridades. Esta práctica «puede engañar o engañar a los consumidores».

Específicamente, los anuncios en los que se ha pronunciado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el automóvil afectan la publicidad de la vivienda turística que se encuentra en las comunidades de Andalucía, Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y Euskadi.

Denuncian ilegalidad generalizada

Basado en este problema, el Ministro Bustinduy Ha declarado públicamente su objetivo de colaborar con las administraciones públicas competentes para poner fin a la «falta de control» y la «ilegalidad generalizada» del alojamiento turístico, así como para favorecer el acceso a la vivienda y al escudo de los derechos del consumidor.

Por esta razón, según Servimedia, desde el consumo está trabajando en varias acciones complementarias que otras autoridades pueden desarrollar. De esta manera, el ministerio dirigido por BustindUy «Redobla» su «compromiso«Con esta causa proporcionando la información que recopila la unidad de análisis de consumo y ofrece asistencia técnica a otras administraciones para actuar en esta línea y» pone fin a los miles de anuncios ilícitos detectados. «

Más archivos

En este contexto, enfatizó que la Dirección General del Consumidor Sancionar archivos a grandes pisos turísticos para no indicar correctamente la naturaleza legal del arrendador.

«Estos archivos sancionadores continúan su curso, independientemente de las medidas ahora anunciadas», dijo el consumo, al tiempo que indica que, además, el 27 de marzo prácticas abusivas contra inquilinos.