La imputación de Isabel Pardo de VeraPresidente de ADIF, por malversación de fondos e influencia, no es un caso aislado. Es otra pieza del engranaje de lo que en España ha estado funcionando Una red sistemática de ‘enchufes’ institucionales: Lugar a las personas relacionadas, sin cumplir con los requisitos legales, en puestos públicos pagados con dinero de todos.

Esta vez, La alerta encendió un mensaje Informal pero elocuente: «Que Jessica (la amiga de Ábalos) ya llame para comenzar su contratación, que, si no Hall, corta mis huevos».

Jessica fue contratada. Y nadie terminó castrado. Pero el mensaje revela cómo las decisiones de contratación pública no pasan por méritos, concursos o procesos transparentes, sino mediante presiones personales y favores en redes. El juez lo ha definido sin entornos: Era una contratación «irregular y caprichosa».

¿Es un enchufe de delitos?

Sí. Aunque no hay ‘crimen de enchufar’ como tal, El código penal lo llama prevaricación: Un funcionario o autoridad que, sabiendo que es ilegal, nombra a alguien sin reunir los requisitos. La multa puede alcanzar 288,000 euros de multa y hasta tres años de suspensión del empleo público. Tanto para el que se conecta como para el enchufado.

Pero muchas veces no se queda allí. Cuando hay presiones de una posición superior, Influencia se puede agregar el tráfico. Si hay un beneficio a cambio, se habla de soborno. Y si hay daños económicos en el estado, Malversación entra en juegocon sanciones que pueden alcanzar seis años en la cárcel y la obligación de devolver lo que se cobra.

No es un caso, es un sistema

El caso de Jessica y Ábalos no es anecdótico: es sintomático. Los ‘enchufes’ no es una anomalía, sino una práctica estructural normalizada en muchas administraciones públicas. Funciona con discreción, apoyada por redes de lealtad, favores personales y miedo a perder el apoyo político.

Y afecta a todos los niveles: desde municipios hasta empresas públicas del estado. Como recordatorio, el caso es Antonia Muñoz, ex alcalde de Manilva (IU)que conectó a 749 personas entre 2007 y 2013. Nadie compite con ese récord, pero todos participan en el mismo juego.

El costo invisible

Más allá del crimen, el costo de los ‘enchufes’ es estructural. Degrada la función pública, destruye la confianza de los ciudadanos y frena la entrada de talento real. Cada enchufe es una posición que no se ganó, un salario que no está justificado, un servicio que se debilita.

Y lo peor: en muchas ocasiones No deja rastro Excepto por un mensaje como Ábalos. Porque no siempre hay comisiones o sobres: a veces el precio del tapón es simplemente un silencio, una lealtad futura o la amenaza de represalias personales.

España no necesita más códigos éticos. Necesita aplicar las leyes que ya existenCortar el clientelismo y la comprensión de que un estado moderno no puede funcionar como un negocio familiar. Porque el enchufe no solo es inmoral: es un crimen.