El gobierno y los propietarios de las centrales nucleares, Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP, mantienen el pulso en el debate sobre el cierre de las instalaciones con el impuesto en el centro de atención. Mientras que la electricidad busca reducir la factura de 1.500 millones de euros en impuestos para decidir si proponen extender la vida de Almaraz o no, del Ejecutivo ahora no ven un problema siempre que no involucren un «costo adicional para el ciudadano».

La posición antinuclear que el gobierno ha mantenido en los últimos años, con Teresa Ribera al jefe del Ministerio responsable del calendario final acordado en 2019, la opinión actual parece haber moderado en el discurso de su sucesor.

El tercer vicepresidente y ministro de transición ecológica y desafío demográfico, Sara Aagesen, dijo el martes en una entrevista de ola que es para el trabajo de analizar las propuestas de las compañías patentadas para extender la vida de las plantas. Siempre, si, Eso no supone un costo adicional para los ciudadanos y hace «con seguridad total».

Sin embargo, es en este punto económico donde la negociación se encuentra entre las partes. Iberdrola, Endesa y Naturgy, los tres accionistas de la planta de energía nuclear de Almaraz, El primero que está programado para cerrar, celebrará la cumbre el próximo junio para decidir sobre el futuro de las instalaciones.

Desde la extensión de Almaraz, donde uno de sus reactores se desconectará en noviembre de 2027 si nada cambia, la expansión de la vida útil del resto también depende.

Press Electric para reducir una factura de impuestos de 1.500 millones

El Extremadura Central es una de las instalaciones que producen la mayor electricidad al sistema eléctrico nacional, generando el 7% de la demanda total. Del mismo modo, es uno de los activos que paga la mayor cantidad de dinero en impuestos, con aproximadamente 435 millones anuales entre diferentes impuestos, algunos específicos que solo paga energía nuclear.

En total, la energía pagó 28 euros por cada hora de megavatio (MWH) que producen y que, agregados a otras tasas, aumentan la carga fiscal a 1.500 millones de euros según los datos del consultor de PwC.

Desde un foro nuclear, un empleador que agrupa Iberdrola y Endesa, ha reiterado en numerosas ocasiones la presión fiscal que apoyan. Su presidente, Ignacio Araluce, destacó en el foro de ‘energía nuclear, debate’, organizado por la economía digital, que propietarios Están «plagados de impuestos» Y que, a pesar de financiar completamente la gestión de sus residuos radiactivos, no reciben el mismo tratamiento que otras tecnologías.

Por lo tanto, las empresas pagan la tasa de Enresa, diseñada para pagar el desmantelamiento y gestión de los desechos radiactivos. El año pasado pagaron 504 millones en este concepto, aunque el gobierno ha aumentado en un 30% La colección de este tributo Y las compañías procesaron la medida por la cual tendrán que pagar más dinero este 2025.

A pesar del nombre coloquial, no es una tasa sino un beneficio patrimonial sin taxis. Sirve para que las empresas hagan contribuciones a un fondo con el que la gestión de residuos y el desmantelamiento de los reactores deben asumir por ley se pagarán más adelante.

Ellos también tienen el Impuesto sobre la producción y el almacenamiento de combustible nuclear y residuos radiactivos por los cuales pagaron 290 millones el año pasado.

Del mismo modo, tienen que lidiar con las tasas ambientales o ecotómicas que algunas comunidades autónomas han solicitado durante años. Territorios como Cataluña, Extremadura y Valencian de la comunidad recaudaron de los 266 millones eléctricos en 2024 a través de estos instrumentos fiscales.

Sin embargo, el gobierno de Valenciano ha anunciado que eliminará su tasa regional que afecta la planta de energía nuclear cofrent. Cuando se le preguntó si eliminará el impuesto regional en Extremadura, el Ministro de Finanzas y la Administración Pública Extremadura, Elena Manzano, recordó que «las comunidades autónomas Tienen la capacidad de arreglar y establecer sus propias cifras fiscales«

Por el contrario, el Ejecutivo de PP se ha centrado en los 900 millones de euros que Extremadura debería recibir si se aplica a la recaudación de impuestos del estado que está vinculada al sector de electricidad, que es de alrededor de 9,000 millones de euros por año.

Ya que la región produce el 10% de la electricidad del país. Ecotasa regional significaba más de 80 millones de colecciones para Extremadura el año pasado.

Más allá de los impuestos antes mencionados, las centrales nucleares también pagan diferentes impuestos, como el IVPEE (impuestos de producción eléctrica, los impuestos del 7%) y otros para pagar la vigilancia especial hecha por la Guardia Civil en las instalaciones, lo que significaba alrededor de 20 millones, así como una tasa para financiar los trabajos del Consejo de Seguridad Nuclear por más de 36 millones.

Los impuestos estatales y regionales antes mencionados se discuten en estos días antes del inminente cierre de las centrales nucleares que actualmente contribuyen con el 20% de la electricidad al sistema eléctrico español.

Como se puede ver en los mensajes y reacciones de uno y otro, un acuerdo fructífero entre el gobierno y los propietarios sobre impuestos es la única forma de expandir la vida útil de los reactores.