Isabel Díaz Ayuso ha recibido un duro golpe para sus residencias durante la pandemia. Un juez ha imputado, por primera vez, dos posiciones anteriores de su gobierno por las más de 7,000 muertes en residencias del Mayor Madrid durante la pandemia sin ser remitido a ningún hospital. Una imputación que puede costar sentencias de prisión.

Específicamente, es el Director de Coordinación Socio -HEALTA y firmantes de los ‘Protocolos de la vergüenza’, Carlos Mur, y el Coordinador del ‘Protocolo Técnico’ llamado, Francisco Javier Martínez Peromingo, quien luego reemplazó a Mur. Ambos han sido convocados para declarar según lo investigado el próximo lunes 26 de mayo, cuando se consideran los autores de los protocolos que Bloquearon la transferencia del hospital de miles de ancianos De las residencias al comienzo de la pandemia, en busca de aclarar si se podían evitar las muertes.

Mur fue el firmante de un protocolo que bloqueó el desplazamiento al hospital de miles de residentes enfermos para el simple hecho de silla de ruedas o de tener deterioro cognitivo, mientras que Martínez Peromingo fue el coordinador del ‘protocolo técnico’, que se complementó con el primero cuando especificó cómo se debe ejecutar.

Sin embargo, La imputación ha llegado gracias al cambio en la estrategia legal Tomado por asociaciones de víctimas. Tanto Mur como Peromgo se sentarán en el tribunal acusado de un delito de discriminación en la atención médica. Este delito es lo que los que niegan un beneficio al que tiene derecho por cualquier motivo es procesado, entre los cuales se encuentra la edad o su situación de enfermedad.

Por lo tanto, las dos posiciones altas de Ayuso se enfrentan apenas entre seis meses y dos años en la cárcel. Después de haber sido un cargo público, las descalificaciones de hasta cuatro años también podrían sufrir si terminan siendo condenados por su participación en los ‘protocolos de vergüenza’ llamados.