Un tribunal de Madrid ha imputado, por primera vez, Dos ex altos posiciones del gobierno de Isabel Díaz Ayuso por su supuesta participación en la elaboración y aplicación de los conocidos como ‘Compartir protocolos’ durante los meses más difíciles de pandemia. Estos documentos, firmados en 2020, restringieron las derivaciones hospitalarias de miles de residentes con problemas cognitivos o problemas de movilidad. Según los datos oficiales, 7.291 ancianos murieron en residencias de la comunidad de Madrid sin ser transferidos a un hospital.

El Presidente de Madrid Ha salido en defensa de esos protocolos, asegurando que se hayan tomado «en un contexto de colapso sanitario» y que «Nadie dejó atrás». Sin embargo, la evidencia documental y los testimonios recopilados en los últimos años Dibujan un escenario muy diferente.

Sabían lo que estaba sucediendo: advertencias ignoradas

Desde el primer momento, los trabajadores de Los líderes geriátricos, sindicatos y técnicos advirtieron sobre la gravedad de lo que se estaba ordenando. El protocolo no solo evitó a los pacientes con baja puntuación funcional, sino que, en la práctica, condenó a la mayoría de los residentes a morir sin atención hospitalaria.

En medio del caos, Hubo quienes no se callaron. Entre ellos, Alberto Reyero, ex concejal de políticas socialesQue este viernes ha vuelto a hablar en Al Rojo Vivo, recordando su renuncia meses después por desacuerdos con las decisiones impuestas del Ministerio de Salud: «Tenemos que negarnos a nosotros mismos. No puede ser discriminado por la discapacidad».

Familias y oposición: la lucha por la verdad

Mientras se firmaron los protocolos, muchas familias intentaron sin éxito llevar su mejor hogar. Sabían lo que estaba pasando. Algunos fueron a la corte, otros levantaron la voz en los medios de comunicación. Brave, que no renunció al silencio y que, cinco años después, continúan luchando porque toda la verdad es conocida.

También La oposición en la asamblea de Madrid Ha exigido repetidamente una comisión de investigación. Aunque el gobierno de PP, con una mayoría absoluta, lo redujo al proceso anecdótico, los intentos de aclarar los hechos no han cesado.

Ahora, la imputación del primer responsable se enfoca nuevamente en decisiones políticas que marcaron una tragedia colectivos lo sabían. Fueron notificados. Y sin embargo, se aplicaron los protocolos.