El gobierno comienza a asumir que su discapacidad operativa y los ministros económicos ya están excusados ​​en caso de que no puedan cumplir con los objetivos y promesas, como la reducción de las horas de trabajo o la pérdida de fondos europeos. La primera vicepresidenta del Gobierno y la Ministra de Finanzas, María Jesús Montero, ha reiterado el compromiso del ejecutivo de reducir el día de trabajo a 37.5 horas por semana, pero ya recolecta velas y reconoce que «el segundo o, si no, al tercero» será aprobado. Esto se admite durante su discurso en la apertura del XIII CCoo Congress, del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en pleno fuego de corrupción en el PSOE, en el que ha expresado su deseo de que esta medida pueda llevarse a cabo en el Congreso. «Continuaremos luchando por ello».

Ayer, los grupos parlamentarios PP, Juntas y Vox presentaron enmiendas a la totalidad del proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, por lo que, para prosperar cualquiera de ellas, significaría que la regla sería devuelta al gobierno. Por lo tanto, los sindicatos han insistido en la importancia de aprobar esta medida lo antes posible. Después de la intervención de Montero, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha respondido al Vicepresidente en el mismo acto de que la reducción debe ser «al primero, aunque hay muchas tareas por delante».

Por su parte, Unai Sordo, secretario general de CC OO, advirtió sobre el «declive» que la democracia está experimentando y ha valorado el trabajo de las organizaciones sindicales en defensa de la misma. Además, ha reconocido que la aprobación de la reducción del día y el estatuto del compañero está pendiente, en el que han hecho «el trabajo que tuvo que hacer» en la mesa de negociaciones, pero contra el cual hay un «enorme lobby externo» de las universidades. También indicó que la prevención de los riesgos ocupacionales y la salud de la salud es la «otra batalla» en la que debe reforzarse la acción sindical.

En el mismo contexto, el Ministro de Economía, el organismo de Carlos, ya ha asumido la posibilidad de un pago parcial de la quinta sección de la recuperación y la resiliencia, que ha asociado 23.9 mil millones de -8,000 millones en subsidios y 16,000 en préstamos, si el gobierno no puede aprobar el aumento fiscal al diesel, un estado necesario para recaudar este nuevo incursión. El requisito principal de este quinto tramo es la reforma fiscal, que debe incluir el aumento del impuesto diesel, una medida que carece de apoyo suficiente para avanzar en el Congreso, pero en el que considera que «ha estado progresando».

Sin embargo, ha reconocido en declaraciones a los medios de comunicación en Luxemburgo, que si la evaluación de la comisión llega en julio y el aumento del impuesto de hidrocarburos aún no se ha aprobado, el gobierno avanzará «en paralelo» las obras para satisfacer los hitos de reproducción, como ya ocurrió con el cuarto pago. Luego, Bruselas decidió congelar 158 millones de los 10,000 que tenían el cuarto pago del plan de recuperación para detectar deficiencias en la aplicación de uno de los objetivos asociados, por lo que solo se recibió un desembolso parcial.

Aunque no descarta que este escenario se pueda repetir, Body mantiene el optimismo en las negociaciones con la Comisión Europea. «Estas conversaciones avanzan bien, productivamente y esperaría que tengamos algunas noticias positivas antes de las vacaciones de verano durante el mes de julio».