¿Adelanto electoral? No desperdiciemos la posibilidad de llegar al pleno empleo
Unai Sordo inicia su tercero y último mandato al frente de CCOO. Lo hace en plena tormenta política y judicial en el Gobierno, desatada por los escándalos de presunta corrupción que surgen del núcleo duro del PSOE y que amenazan con enfangar una legislatura que ya viene siendo escasa en nuevos avances sociales por la debilidad parlamentaria del Ejecutivo. Debilidad parlamentaria está complicando la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Sordo promete dar la batalla para tratar de arrastrar a Junts hacia el sí y desbloquear una norma que promete beneficiar a 12 millones de trabajadores en toda España.
Después de las informaciones que han ido saliendo en los últimos días sobre los presuntos casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿tiene más posibilidades de seguir negociando con el gobierno de coalición o acabar resistiendo a un gobierno de PP?
Es pronto para saberlo. Ahora mismo hay un shock político, que me atrevería a decir que también es social. Este requiere, en primer lugar, toda la contundencia del mundo en el mensaje contra la corrupción, que, por cierto, parece sacada de otra época, por cutre, por chavacana, por machistas… En segundo lugar, hay que dimensionar y hay que tener claro el mapa de lo que ha pasado, quién ha cobrado, quién ha pagado, dónde está el dinero, y cuando todo esto esté sustanciado en un proceso judicial, entonces hay que ser muy exigente con la responsabilidades políticas y penales.
¿Cómo condicionará lo que queda de legislatura, en la que hasta ahora el Gobierno ya mostraba serias dificultades para aprobar leyes básicas?
Añade dificultad, todos los grupos de la investidura hasta que no tengan claro qué ha pasado tienen un incentivo a marcar distancias con el Gobierno. Aunque los problemas venían ya de antes. En esta legislatura hay una mayoría de investidura, pero no una mayoría progresista. Y en términos socioeconómicos hay una mayoría, incorporando a Junts, de derecha y extrema derecha.
¿Le convencieron las explicaciones de Pedro Sánchez? ¿Le parecieron suficientes sus disculpas?
No, tiene la pinta de que no van a ser suficientes. Estamos navegando en la niebla y creo que hasta el propio Gobierno está navegando en la niebla. Aquí es evidente que han ocurrido cosas graves, muy graves, pero hay también cosas muy llamativas. Que estas instrucciones se estén filtrando de la manera que se están filtrando resulta cuando menos llamativo, además tiene un impacto político muy evidente y muy medido.
Esa sentencia que usted reclama puede tardar años, ¿qué pasará con la agenda del Gobierno mientras?
Hay que encontrarle un propósito a la legislatura. Y esto apela al Gobierno y a los partidos de la investidura. No se trata de resistir por resistir, se trata de avanzar y situar una serie de hitos, como la reducción de jornada, el estatuto del becario, el régimen de despido, la política sobre la vivienda, el despliegue de las renovables, etc.
Entiendo que no es partidario de un adelanto electoral
Lógicamente para la derecha y la extrema derecha es una oportunidad de intentar derribar al Gobierno. Pero no podemos desperdiciar la oportunidad de proseguir la acción de gobierno y económica y llegar al pleno empleo en los próximos años.
¿Cómo el país con la tasa de paro más alta de la Unión Europea alcanzará tan rápido el pleno empleo?
Desplegando la energía renovable para convertirla en el gran factor de atracción de inversión en nuestro país, hasta el punto de poder desarrollar una industria vinculada a esos costes energéticos más bajos. La Cámara de Comercio de Estados Unidos en España ha llegado a escribir que si España hace bien su transición energética puede duplicar el porcentaje de PIB industrial dentro de nuestra economía en 10 años. Ahora, el pleno empleo en España es compatible con una tasa de paro técnico muy alta si no somos capaces de resolver algunos de los nudos gordianos que tiene la economía española, como los cuidados y la vivienda.
¿Por qué?
La gente no se va a mover 500 o 1.000 kilómetros para ir a trabajar a un sitio, tener que dedicar la mitad del sueldo o más al alquiler y perder la red de cuidados que ya tiene. Si esos dos problemas no se resuelven, llegaremos a una situación en que las empresas, en efecto, no encuentren gente para trabajar.
Estos días se ha hablado bastante de presuntos corruptos y menos de los presuntos corruptores. ¿Qué consecuencias debería tener para las empresas participar de estos amaños?
Este tipo de prácticas del comisionismo, lo que hemos conocido con las mascarillas y algunas cosas más, forman parte del paisaje económico de España desde los tiempos de Franco cuando menos. Son un lastre económico y una forma de favorecer prácticas de competencia desleal entre las empresas.
Junts ha presentado esta semana su enmienda a la totalidad para la ley de reducción de jornada. ¿Qué posibilidades tiene ahora mismo de prosperar la ley?
Depende de las negociaciones entre Junts y el Gobierno. Nosotros vamos a plantear una hoja de movilizaciones. Lo que está haciendo Junts con esa enmienda es alinearse en lo socioeconómico con la derecha española más recalcitrante.
Junts argumenta que la reducción “no mejorará la vida” de los trabajadores catalanes
Alguna excusa que tienes que buscar para justificar lo injustificable. ¿Quieren decir que los trabajadores de las pymes catalanas, que muchos de ellos ya están trabajando menos de 40 horas, no tienen derecho, como ya están haciendo trabajadores de las pymes de otras partes del Estado, a trabajar 37 horas y media en vez de 40? A mí me parece absolutamente de aurora boreal.
¿Qué consecuencias tendrá si el debate sobre la ley de reducción de jornada se alarga hasta otoño o más?
Hay que resolverlo ya. Es previsible que en la parte final del año, cuando se denuncian los convenios y se empiezan a negociar, esto te pueda interferir en las subidas salariales. Y ese es un escenario que hay que evitar, porque la gente necesita recuperar poder adquisitivo. Si se alarga, nos tocaría forzar un proceso de movilización, porque los salarios no pueden ser los paganos de la incertidumbre sobre la jornada. Hay mucha gente, por mucho que los salarios estén subiendo, sigue cobrando menos de 1.500 euros brutos al mes.
Las patronales le reclaman a Junts que subedite su apoyo a la reducción de jornada si esta está condicionada a la evolución del “absentismo”. ¿Está de acuerdo?
Es evidente que España tiene un problema de aumento de las incapacidades temporales, de su alargamiento y del gasto en prestaciones. ¿Se debe abordar? Sí, pero nosotros no lo vamos a abordar desde la perspectiva de que aquí lo que está pasando es que la gente se coge la baja cuando le da la gana, porque hay unos médicos de cabecera que se la dan como quien reparte galletas o caramelos.
¿Cómo hay que abordarlo?
Si crecen los tiempos de espera para la sanidad pública crecen los tiempos de baja y hay que invertir más y mejor en esta. La edad media de los trabajadores está subiendo y eso les hace más propensión a coger bajas; podemos hablar de adelantar la jubilación en ciertas profesiones. Pero la solución no es atornillar a los trabajadores para que vayan a trabajar enfermos.
¿Cree que existe consenso para abordar ese repunte de bajas?
No, las empresas hablan de «absentismo» y ahí mezclan ausencias por enfermedad con permisos retribuidos por nacimiento de hijo o vacaciones. Todo el mundo teóricamente defiende la sanidad pública, pero su deterioro, que afecta al nivel de incapacidades temporales, tiene mucho que ver con la disputa sobre el modelo sanitario y sobre el intento de hacer negocio con la privatización parcial de la sanidad. Las empresas de sanidad privada son las primeras interesadas en hablar de fraude en la incapacidad temporal. Hay una estrategia económica y política detrás de que el absentismo esté tan en todas las mesas, pero de los 800 muertos en accidentes laborales que tuvimos el año pasado solo nos acordamos los sindicatos.
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