El Gobierno impondrá condiciones a la opa y mantiene en vilo a BBVA y Sabadell sobre su alcance
El día clave ha llegado: el Gobierno desvelará por fin este martes si impone condiciones adicionales a la oferta de compra (opa) del BBVA sobre el Sabadell. Diversas fuentes confirman a EL PERIÓDICO que así lo hará, como, de hecho, se espera también en los dos bancos implicados. La gran duda es qué alcance tendrán dichos nuevos requisitos. Es decir, si serán lo suficientemente duros como para que el banco de origen vasco desista o, cuanto menos, le resten sentido económico a la operación hasta el punto de que los accionistas de la entidad catalana la rechacen. Es a lo que aspira el Sabadell y lo que teme el BBVA, si bien es probable que el pronunciamiento del Consejo de Ministros no contente por completo a ninguno de los dos bancos, pues el Ejecutivo aspira a que su dictamen se entienda como equilibrado, proporcionado y ajustado escrupulosamente a la legalidad.
Pese a que el BBVA interpreta que la ley de defensa de la competencia solo permite al Gobierno mantener o suavizar las condiciones que el banco pactó con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que le aprobase la operación, el Gobierno estima que no es así. Se ampara para ello en el texto de dicha ley (que en ningún momento dice que no pueda endurecer los requisitos). Y también en una sentencia del Tribunal Constitucional (la 108 de 2014) que determinó que «solo el Estado pueda privar de eficacia a las decisiones de la CNMC que prohíban o condicionen una determinada concentración económica, a través de un órgano especialmente idóneo para valorar intereses generales de tal naturaleza, cual es el Consejo de Ministros«. Es su defensa contra las advertencias de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que se han alineado con el BBVA.
El campo de actuación del Ejecutivo, eso sí, está acotado a las cinco áreas de interés general que esgrimió el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para elevar la operación al Consejo de Ministros. Son el adecuado mantenimiento de los objetivos de la regulación sectorial y la promoción de la investigación y el desarrollo tecnológicos (motivos contemplados en la ley de defensa de la competencia), la protección de los trabajadores y los objetivos de política social (incluidos en una Comunicación de la Comisión Europea sobre materias de interés general) y la cohesión territorial (bajo el amparo de una ley española sobre el medio rural).
El Gobierno, que legalmente no puede prohibir la opa, solo puede fijar condiciones en estos ámbitos distintos a la defensa de la competencia. Para ello, el Ministerio de Economía ha pedido informes a los de Industria, Trabajo, Seguridad Social, Derechos Sociales, y Transición Ecológica y Reto Demográfico. Bajo este marco, diversas fuentes conjeturan con que las condiciones podrían pasar por límites temporales a la destrucción de empleo y el cierre de oficinas, mayores garantías para la inclusión financiera de los mayores y la España rural, reforzamiento de los requisitos de crédito a las pymes, algún tipo de guiño a la implantación del Sabadell en Catalunya, o la prohibición de la fusión posterior a la opa durante un periodo más o menos largo de tiempo.
A los accionistas
Frente a este escenario, el mensaje oficial del presidente del BBVA, Carlos Torres, sigue siendo que confía en que el Gobierno no ponga trabas insalvables a la operación. El banquero, en este sentido, ha asegurado este lunes «no tener ningún temor» a que la debilidad en que ha dejado al Gobierno el caso Koldo pueda llevar al Consejo de Ministros a poner unas condiciones aún más duras. «Confío plenamente en que ocurra lo que tiene sentido que ocurra, que es que sean los accionistas, los dueños, los que tengan la decisión en sus manos«, ha asegurado durante la inauguración de un curso organizado por la Asociación de Periodista de Información Económica (APIE) y patrocinado por el BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
El ejecutivo, con todo, ha evitado descartar que su banco vaya a desistir de la opa si las condiciones del Ejecutivo son muy duras o si el Sabadell acuerda la venta de su filial británica TSB, al tiempo que ha vuelto a dejar la puerta abierta a acudir a la justicia. «Existe la posibilidad legal (de desistir) si se nos impone condiciones fuera de lo que permite la ley o si se produce la venta de un activo relevante. Otra cosa es qué escenario se materializa y qué decisión tomaría el banco. Es prematuro«, ha apuntado. Una vez el Consejo de Ministros se pronuncie este martes, es poco probable que el banco desvele qué hará. En principio, se tomará unos días para analizar con sus asesores las implicaciones del dictamen del Gobierno antes de que su consejo de administración decida.
El ministro Cuerpo develará la decisión a última hora de la mañana, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, sin esperar al cierre de los mercados. El presidente de la Comisión Nacional Mercado de Valores (CNMV), Carlos San Basilio, ha apuntado que su organismo aprobará una «suspensión quirúrgica» de la cotización de los dos bancos poco antes del anuncio del Gobierno para recuperarla poco después, con el objetivo de que todos los agentes del mercado puedan operar sobre las acciones de los bancos con la misma información.
Semanas y meses
En el mismo foro de la APIE, San Basilio también ha confirmado que la CNMV está analizando si los administradores y gestores del Sabadell están cumpliendo su obligación legal de no hacer ningún movimiento que pueda obstaculizar la oferta del BBVA sin permiso de sus propietarios (el conocido como deber de pasividad) en la posible venta de TSB. En esta línea, ha recordado que la entidad catalana solo podría realizar esta operación si convoca una junta de accionistas extraordinaria que la apruebe y ha confirmado que el Sabadell le ha trasladado que así sería, caso de que la venta se concrete. «Si no hemos actuado, es porque todavía no hemos identificado incumplimientos«, ha añadido.
El máximo responsable del supervisor bursátil, asimismo, ha estimado que el folleto de la opa, caso de que el BBVA no desista, podría recibir luz verde de la CNMV dentro de «en torno a tres semanas», con lo que el periodo de aceptación de la oferta para los accionistas del Sabadell comenzaría en la segunda quincena de julio. En este sentido, Torres ha recordado que dicho plazo puede ser de entre 30 y 70 días y ha considerado que no sería buena idea que acabara en agosto. En una entrevista a EL PERIÓDICO, el banquero ya apuntó que lo más probable es que el BBVA apostase por alargarlo hasta septiembre. El presidente del banco, asimismo, ha confirmado que la ecuación de canje de la opa no variará aunque el Sabadell venda TSB, porque el ingreso que obtendría la entidad catalana por la operación se quedaría dentro del banco adquirido por el BBVA.
Suscríbete para continuar leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí