La justicia de Nueva York ordena que el Estado argentino entregue el 51% de sus acciones en la petrolera YPF a dos «fondos buitres»
La jueza Loretta Preska, del segundo distrito de Nueva York, ordenó al Estado argentino que se desprenda en dos semanas del 51% de las acciones que posee en la petrolera YPF. La empresa había sido privatizada a mediados de los años noventa y estatizada parcialmente durante el segundo Gobierno de Cristina Fernández Kirchner en 2012. Por entonces, se encontraba bajo control de la española Repsol. Argentina debe ceder esas acciones a los llamados «fondos buitres» como parte de pago a los beneficiarios del juicio por la expropiación llevada a cabo 13 años atrás. Si se termina cumpliendo el dictamen, el manejo de la principal empresa energética del país pasará a manos de Burford y Eton Capital, dos firmas que aprovechan oportunidades para adquirir demandas con alto potencial económico.
El fallo responde a una presentación judicial que hicieron los demandantes para obtener el monto establecido en la condena, de 16.000 millones de dólares. Preska sostuvo que «las sentencias son ejecutables contra cualquier propiedad que pueda ser cedida o transferida» y, por lo tanto, «libremente transferibles y asignables según la ley de Nueva York».
Las acciones de la petrolera se derrumbaron en Wall Street y la Bolsa de Buenos Aires. Si bien este país puede apelar el dictamen, y el proceso puede extenderse 18 meses, la propia Preska había rechazado en marzo el pedido de investigar cuáles fueron los términos en que fue nacionalizada YPF. «Nos acabamos de enterar que la jueza Preska falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF», dijo el presidente Javier Milei a través de X e hizo saber que Argentina recorrerá igual el camino de la apelación «en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales». Pero sobre todo, el anarco capitalista se dedicó a fustigar al actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien en 2012 se desempeñaba como estratega económico de Fernández de Kirchner.»Esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético». El caso YPF le ha permitido intensificar los ataques contra Kicillof, quien es uno de los principales referentes de la oposición. «Lamentablemente, no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires».
Trece años de disputas
De acuerdo con el diario ´La Nación`, un juzgado de Manhattan «acaba de asestarle a la Argentina uno de los golpes judiciales más duros en su historia reciente». El fallo adverso, recuerda, es «el último capítulo de una de las novelas judiciales más sensibles de la historia reciente» y comenzó el 9 de abril de 2015. «Tres años después de la estatización, el oportunismo de un estudio de abogados y las desprolijidades del equipo de Axel Kicillof al avanzar sobre la petrolera le abrieron la puerta a Burford Capital Limited». Este bufete «presentó una demanda en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra YPF y el Estado argentino, por el presunto incumplimiento de compromisos asumidos con los tenedores privados de acciones». De acuerdo con ´La Nación`, Burford «se aprovechó de un error estratégico del kirchnerismo». La familia Eskenazi, un pequeño emporio nacional relacionado con Néstor Kirchner, había entrado a YPF en 2008. Siete años después, ingresado Burford adquirió en España —para luego demandar a la Argentina— las quiebras de Petersen Energía Inversora y Petersen Energía, las dos compañías utilizadas por los Eskenazi para participar en la petrolera». Luego se sumó Eton Capital. «La estatización de YPF fue el resultado de una aceleración cuyas consecuencias hoy están a la vista», sostiene la publicación.
Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, dijo al portal ´Infobae` que «es imposible que sin aprobación de Congreso se entreguen las acciones». Si Milei quisiera hacerlo, «sería un problema para Burford porque debería hacer una oferta pública, algo que ni por cerca quiere hacer. Ellos quieren negociar». A partir de este lunes, « YPF tiene que vivir con el fantasma de que un día de estos una corte le diga que su propietario no es el Gobierno, sino un fondo buitre que le compre las acciones a Burford, y listo».
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