Tres de cada cuatro catalanes exigen limitar los pisos turísticos y regular el precio del alquiler
La encuesta refleja un amplio apoyo al plan del Govern de Salvador Illa para construir 50.000 nuevas viviendas en los próximos seis años, medida que obtiene una valoración media de 8 sobre 10. De hecho, el 85% de los catalanes consideran prioritaria la construcción de vivienda pública como medida para facilitar el acceso a este derecho. En cuanto a otras posibles medidas que suelen plantearse en este debate, una gran mayoría de la ciudadanía secunda ampliamente aquellas que implican la intervención de los poderes públicos en el mercado inmobiliario, como la limitación de los pisos turísticos (74%) y la regulación de los precios del alquiler (71%).
Obligar a los grandes tenedores (empresas o fondos de inversión) de destinar parte de sus propiedades a alquiler social (71%), facilitar subvenciones directas para favorecer el arrendamiento (71%) y subir los impuestos a los propietarios con múltiples viviendas vacías (67%) son otras medidas que también concitan un alto grado de apoyo entre los catalanes. Por el contrario, propuestas como la liberación del suelo urbanizable (45%) y la expropiación o compra de pisos por parte de las administraciones (38%) no suscitan un respaldo mayoritario.
Impacto en la calidad de vida
En líneas generales, la mayoría del electorado se siente más atraído por las propuestas de los partidos de izquierdas que de derechas, aunque más de un tercio admite que no conoce bien los programas de cada formación. En lo que sí hay un enorme consenso, que alcanza el 90% en este estudio, es en la percepción de que las dificultades para acceder a una vivienda en condiciones repercuten negativamente en la calidad de vida. No obstante, solo uno de cada tres encuestados reconocen que los problemas relacionados con la vivienda les están perjudicando personalmente (35%), un impacto negativo que afecta sobre todo a cerca de la mitad de los menores de 40 años.
Según el CEO, el 50% de los ciudadanos de entre 25 y 34 años están pensando actualmente en comprarse un piso, un segmento de población que suma casi un millón de personas. El escollo principal es, obviamente, el precio de la vivienda, que ha obligado al 37% de los catalanes a reducir otros gastos personales. En paralelo, el 74% de los catalanes consideran que tener una vivienda en propiedad es «un objetivo importante en la vida» y el 82% de quienes buscan ahora mismo un piso de alquiler querrían tener uno en propiedad, una opinión acentuada sobre todo entre los jóvenes menores de 35 años.
¿Cambiarse de ciudad?
Con todo, solo el 13% de los entrevistados asegura que la vivienda le ha obligado a cambiar de ciudad. La mitad de ellos se han ido a vivir a una zona de renta inferior, un cambio que ha afectado especialmente a mujeres mayores de 64 años, según muestra el sondeo. Y es que, en general, los catalanes tienen una baja predisposición a moverse del lugar donde viven para mejorar las opciones de encontrar un piso satisfactorio: un 28% no cambiaría de lugar, otro 28% podría cambiar de barrio y un 24% podría llegar a cambiar de comarca (13%) o, incluso, a marcharse de Catalunya (11%).
Otro realidad que se plasma en la encuesta es que la forma de entender el valor de la vivienda divide a la sociedad catalana. Mientras que un 57% de los ciudadanos piensan que es una «necesidad básica», un 42% concibe la vivienda como un activo económico del que se puede sacar beneficio, aunque buena parte de estos últimos aceptan algunas regulaciones sobre la materia. Entre los más jóvenes, la mayoría de los hombres ven la vivienda como un recurso económico (62%) y la mayoría de las mujeres, en cambio, la consideran una necesidad básica (70%).
Suscríbete para continuar leyendo
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí