de gasistas a eléctricas pasando por el sector del juego de Catalá
Casi 20 volúmenes resumidos que representan 5,138 folios de documentación cerca del ex ministro de finanzas Cristóbal Montoro, después de la semana pasada, el secreto de los procedimientos se levantó después de siete años desde que comenzó la investigación. Algunas investigaciones que comenzaron a seguir un correo electrónico incautado en una de las compañías gasistas involucradas, Messer, cuya sede fue registrada por otro asunto.
Esta, sin embargo, no es la única sociedad de este sector que se indica en el orden de imputación de lo «popular» y otras 27 personas entre las cuales hay antiguos posiciones que formaron parte del equipo de Montoro. Y hay seis compañías de gas pagadas por los servicios de equipo económico, y a través de aquellos que lograron ventajas legislativas que salieron de la cartera.
Para ese pago de 780,000 euros, entre todos, el juez observa hasta siete crímenes posibles: soborno, fraude contra la administración pública, la prevaricación, el vendedor de influencia, las negociaciones prohibidas, la corrupción en la falsedad comercial y documental. Y es que a través de estos esfuerzos realizados por la oficina fundada por Montoro, las compañías aglutinadas en la Asociación de Fabricantes de Gas Industriales y Medicinales (AFGIM) lograron ventas fiscales de hasta el 85% entre 2012 y 2018.
CM aprueba, pero todos cobran
«Debe estar de acuerdo en primer lugar con CM» es una de las frases que aparece en un correo electrónico con fecha de diciembre de 20213 que envió el entonces director general de Messer al director técnico de la compañía, Rubén Folgado, solicitando avanzar en una serie de iniciativas. De esta manera, se entiende que el ex ministro estaba al tanto de los movimientos del equipo económico para que su ministerio actúe para el beneficio de las sociedades de los clientes.
Sin embargo, para estas operaciones, Montoro no habría sido el único que se beneficiaría, ya que cuatro ex altas posiciones que formaban parte de su equipo durante el gobierno de José María Aznar luego dirigieron el equipo económico. De hecho, los investigadores señalan que sus ingresos eran millonarios.
Mientras que el secretario de estado de presupuestos y gastos en ese momento, Ricardo Martínez Rico, habría ingresado un total de 11,053,029 euros por honorarios de la oficina de Montoro, Salvador Ruiz Gallud, Manuel de Vicente-Tuctor y Francisco de Asís Piedras Camacho Cobraron cantidades que oscilaban entre 5.7 y 6.1 millones.
El eléctrico también
Aunque en este momento el Tribunal de Instrucción Número 2 de Tarragona se centra en la parte del gas mencionado, el resumen también aparece los pagos de empresas eléctricas y renovables a equipos económicos. Según un informe del Mossos d’Esquadra incluido en el resumen, Red Electrica habría pagado al equipo económico entre 2010 y 2015 a 1,394,100 euros.
De estos, 842,800 habrían llegado a la oficina de Montoro entre 2012 y 2014. En este punto, debe recordarse que la reforma fiscal de 2012 también afectó a los distribuidores de energía eléctrica, así como en 2013 en 2013 de la cartera de la industria que dirigió a José Manuel Soria, una reforma del sector de la energía eléctrica, se aprobó en la que se aprobó una tasa a las compañías dedicadas a la producción de energía, incluida una renovación de la energía, incluida una renovación de la energía, que tenía una renovación de la energía, que se realizó una renovación de las empresas de renovación, incluida una renovación de la energía, que se realizó una renovación de la energía, que se realizó una tasa de renovación de la energía. el pequeño consumidor en cuanto a la industria.
El sector del juego y otro ex ministro
Cantidad al que debemos agregar los 679,000 euros que el operador de los Juegos Azar Codere habría pagado a la oficina de Montoro entre 2008 y 2012. Es precisamente un momento en que los operadores intentaron poder regularizar el juego en línea. De hecho, los investigadores consideran que estos pagos son relevantes porque hubo «cambios legislativos que beneficiaron» a la compañía del sector de juegos en una ley que fue forjada bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que ya se implementó con Rajoy en el cargo.
En este punto es donde aparece otro protagonista: ex ministro de justicia Rafael Catalá. Los investigadores se encuentran como el enlace que Codere se conectó con la oficina de Montoro, debido a la secretaría y el asesoramiento que se mantuvo en la compañía entre 2005 y 2011. Una posición que se produjo después de dejar el subsCretario del Tesoro (2000-2002) y que regresó al gobierno de Marian, habría pagado 11,850 euros al equipo económico en 2009.
De las empresas al PP: ¿El informe del cuadro B aprobado por Montoro?
Más allá de beneficiar a las empresas de diferentes sectores, se llevaron a cabo otras actividades para el Ministerio de Finanzas para la suya, como el Partido Popular (PP). Fue en 2014, con el ex ‘popular’ ex Luis Bárcenas a punto de tirar de la manta, cuando en el tesoro el informe de que los expertos de la agencia fiscal habían preparado alrededor de la caja B del PP habían avanzado y retocado.
La prueba de esto es que el 24 de julio, el director de la agencia fiscal, Santiago Menéndez, envía un correo electrónico al director del gabinete de Montoro y al secretario del Tesoro que les notifica que al día siguiente sería entregado al juez. En él, Menéndez explica que ambos expertos dirán que «las donaciones recibieron [por el PP] Están exentos de los pagos de impuestos de las empresas, ya que el único requisito es que se ha asignado al propósito de la parte. «
Eso es, entre el equipo de Montoro, el contenido del informe se conocía ante el juez que lo había solicitado, y cuyo contenido podría haber sido influenciado. En ese sentido, los investigadores recolectan un correo del subdirector de impuestos generales, Begoña García, les pide a los expertos que agregan «un párrafo general al principio». Debe recordarse que en ese momento el magistrado tenía una confrontación con la agencia fiscal, que recordó que deberían responder a la autoridad judicial y no a la política.
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