Por esta razón, el CNMC ha aprobado una propuesta normativa para actualizar y mejorar la regulación que lucha por las prácticas prohibidas que han aumentado en los últimos años. Entre otros, propone establecer procedimientos de acción comunes para los distribuidores cuando llevan a cabo sus inspecciones. También aborda las acciones en caso de confirmar fraude y comunicaciones entre los sujetos afectados.

Además, en aquellos barrios vulnerables donde el fraude pone en peligro la seguridad de las instalaciones y las personas implementarán planes de contingencia. Las medidas adoptadas, como los recortes de la oferta, buscarán minimizar el impacto en los consumidores que pagan sus facturas y brindarán especial atención a los hogares con consumidores vulnerables.

Sobre la naturaleza de las inspecciones para la detección de fraude eléctrico, del CNMC explican que estas situaciones pueden detectarse durante una acción que el distribuidor está llevando a cabo en el alcance de sus funciones, y también durante una verificación específica destinada a detectar fraude. En cualquiera de estos casos, insisten en la competencia, esta propuesta se identifica como «inspector» al profesional que detecta fraude.

Otra de las novedades propuestas por el CNMC es «incluir la obligación de las empresas de distribución de presentar al cuerpo competente de cada organismo autónomo, antes del 1 de marzo de cada año, Un informe estadístico sobre archivos de fraude eléctrico abiertos en su territorio durante el año anterior, incluidos los archivos actuales que se mantienen abiertos correspondientes a otros años ».

Los datos estadísticos incluirán al menos el número de acciones destinadas a detectar fraude eléctrico, el número de fraude detectados, el tipo de consumidor o usuario, especificando el peaje de acceso, cuando sea apropiado, y el tipo de actividad económica, el tipo de fraude o la energía estimada. Todo esto sin perjuicio de que los organismos regionales pueden solicitar una mayor descomposición.

Llaves económicas

El CNMC también aprobará a través de una resolución «los valores de potencia y las horas de uso de energía para facturar las cantidades derivadas del fraude en los casos en que los criterios objetivos no se pueden aplicar». Es decir, la agencia presidente Cani Fernández Quiere aclarar cómo se debe facturar la energía del consumo cuando se produce fraude. Para hacer esto, los peajes y los cargos están condicionados.

En situaciones específicas, Endesa el año pasado detectó 71,000 casos de fraude eléctrico, lo que representa un promedio de ocho casos en el momento o alrededor de 200 casos todos los días. Estas cifras representan un aumento del 33% en comparación con 2023 y muestran la magnitud de un problema con graves consecuencias para la seguridad física de las personas, la calidad del suministro de electricidad y la cantidad de la factura pagada por todos los ciudadanos. Las plantaciones de marihuana y los grandes consumidores, desde industrias hasta negocios, concentran la mayor parte de la energía defraudada en un contexto de creciente profesionalización del fraude.

La manipulación de instalaciones eléctricas implica importantes riesgos para la salud de la persona que los realiza y a quienes los rodean, ya que pueden derivar incendios y electrocuciones que pueden causar daños muy graves e incluso la muerte.