cronología de los 600 días que han llevado a la reducción de jornada a encallar en el Congreso
“Desde el principio las cosas no fueron bien”, reconoce una de las personas presentes en la primera reunión en la que el Ministerio de Trabajo empezó a negociar la ley para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales. Casi 600 días después de ese primer encuentro, la llamada a ser la norma estrella de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para esta legislatura ha sorteado el rechazo de la patronal, ha sobrevivido a las divisiones dentro del Gobierno pero no ha podido superar (por el momento) la complicada aritmética parlamentaria. En este artículo distintas personas directamente vinculadas a las negociaciones con patronal, sindicatos y grupos políticos reconstruyen cómo la reducción de jornada a llegado hasta su primer revés parlamentario.
25 de enero de 2024. El ‘número 2’ de Díaz, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, convocó a patronal y sindicatos a un primer encuentro para empezar a perfilar la ley. Hacía apenas tres meses desde que Pedro Sánchez había logrado revalidar la presidencia, con una mayoría suficiente para la investidura pero “insuficiente para gobernar, como estamos viendo ahora”, según recuerda otra fuente consultada.
Las relaciones entonces entre los negociadores del diálogo social estaban muy engrasadas, después de una primera legislatura fructífera a nivel de acuerdos, que había dejado consensos para una reforma laboral, la ley de teletrabajo, la ‘ley Rider’, una reforma de las pensiones y los ertes covid y sus múltiples prórrogas, entre otros. “Había un clima de confianza y voluntad de acuerdo entre los negociadores, cada uno desde sus respectivos intereses”, recuerda uno de los participantes. Forjada a costa de miles de horas frente a frente. “Tres días antes del primer estado de alarma por el covid empezamos a negociar los ertes a las 11 de la mañana y no nos levantamos, con acuerdo, hasta pasada la una de la madrugada”, explica esa misma fuente.
Con la reducción de la jornada laboral no hubo el mismo resultado. “La aritmética parlamentaria es otra”, apunta otra persona conocedora de las negociaciones. En su opinión, si la patronal entró a negociar la reforma laboral de 2021 fue para tratar de minimizar daños y evitar que el Gobierno pactara cambios más contundentes con fuerzas como ERC o EH Bildu. No obstante, en esta legislatura el especial protagonismo de Junts dibujaba otra realidad. “La patronal ha sido consciente en todo momento que la derecha, pese a que no gobierna, tiene mayoría en el Congreso”, apunta un sindicalista.
Acuerdo con los sindicatos pero sin la patronal
20 de diciembre de 2024. Trabajo cerró el proceso de diálogo social solo con el apoyo de los sindicatos. “No hubo ningún margen real para el acuerdo”, afirman fuentes empresariales. Según coinciden varias fuentes consultadas, la patronal propuso incrementar las horas extras que legalmente se pueden hacer al año para compensar las que se disminuirían de jornada ordinaria y los sindicatos, pese a algunos matices entre ellos, se negaron en redondo. «Era hacerse trampas al solitario», cuentan desde las centrales.
Yolanda Díaz y los sindicalistas Unai Sordo y Pepe Álvarez en la firma del acuerdo social para la reducción de las horas de trabajo. / José Luis Roca
11 meses estuvo la norma en el diálogo social. «Durante las últimas reuniones ya se entró en bucle», recuerda uno de los implicados. Existen distintas versiones sobre por qué desde el Ministerio no cerró antes la negociación. Unos apuntan a que por momentos hubo margen para acercar posiciones, otros que Díaz sacaba rédito político de la exposición que le confería celebrar una reunión cada semana y otros que la patronal buscaba dilatar las conversaciones, esperando un cambio de ciclo político.
Del disenso entre agentes sociales se pasó a un disenso entre socios de Gobierno. Sumar quería acelerar y el PSOE prefería atar primero apoyos parlamentarios, aunque ello pasara por diluir las condiciones pactadas con los sindicatos. Las diferencias internas saltaron a los platós de televisión con ese «es casi de mala persona» que le soltó Díaz al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una especie de reminiscencia de los choques que la líder de Sumar había protagonizado con la hoy presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño, en materias como la reforma laboral, el salario mínimo o la reforma de subsidios por desempleo.
División dentro del Gobierno y mensajes a Waterloo
6 de mayo de 2025. El Gobierno decidió aprobar la ley y llevar las diferencias con los socios al Congreso. La intención era negociar cambios en el proyecto de ley de reducción de jornada si este superaba los primeros trámites, algo que finalmente no ha acabado sucediendo. Una semana antes, tal y como explicó EL PERIÓDICO, Junts ya tenía decidido que presentaría una enmienda a la totalidad, paso que formalizaron el 18 de junio. Aunque cabía la posibilidad de retirarla hasta el último momento, poco se han movido las cosas desde entonces.
Ha habido múltiples contactos entre el ministerio y el grupo parlamentario en Madrid, también algún encuentro en Barcelona donde ha participado el secretario general, Jordi Turull, quien se ha visto con representantes del ministerio, con la cúpula de Sumar y también con negociadoras de los Comuns. También en los últimos días ha habido algún “intercambio ocasional de mensajes” entre Díaz y el propio Carles Puigdemont. Sin embargo, nada de ello ha logrado convencer a Junts de que cambiara de parecer y aceptara la tramitación de la norma. “Estamos a favor de la reducción de la jornada, pero no así”, defienden los posconvergentes, que a pesar de no tener una opinión monolítica dentro del partido han conseguido no tener voces públicas discordantes.
Reunión en Waterloo entre Puigdemont y Cecot / Cedida
Durante el último año, Puigdemont se ha dejado querer por las patronales, cuyas relaciones con Junts se habían tensado mucho desde 2017. Hasta Waterloo han peregrinado, dando al presidente de la formación independentista el reconocimiento político que hacía años que anhelaba, desde el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, quien lo ha hecho con más asiduidad; hasta representantes de Pimec, Cecot y FemCat, la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) o del Consell de Gremis de Catalunya.
También la UGT trató en diciembre de rehacer puentes con Puigdemont después de los insultos que le profirió el presidente del sindicato, Matías Carnero, durante la última campaña electoral autonómica. Comisiones Obreras, en cambio, ha rechazado seducir al líder de Junts y ha optado por otro tipo de presión. Según denunció el propio partido, recibieron una campaña de ‘spam’ en sus correos electrónicos.
Pero a pesar de todo ello, las cartas estaban echadas. “En todo momento nos transmitían que votarían que ‘no’, pero en política uno nunca sabe…”, explica un empresario consultado. Las dudas entre el empresariado, incluso el que fue hasta Waterloo para reclamarle no moverse del ‘no’ a Puigdemont, no acabaron de despejarse hasta la votación de este pasado miércoles en el Congreso.
El tercer vicepresidente y ministro de trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz de Junts Míriam Nogueras, durante la sesión plenaria del Congreso de Diputados celebrados el miércoles en Madrid. Efe/ Borja Sánchez-Trillo / Borja Sanchez-Trillo
Pese al revés parlamentario, la vicepresidenta segunda no ha renunciado a volver a intentarlo durante la segunda mitad de la legislatura. “El debate está ganado y esto va a ocurrir, más pronto que tarde, esta legislatura o la siguiente”, afirma un defensor de la reducción de jornada.
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