27 años de cárcel, el papel del Ejército y una sociedad polarizada: ¿qué pasará en Brasil tras la condena a Bolsonaro?
En 2016, el entonces diputado Jair Messias Bolsonaro votó en el Congreso a favor de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff con una exaltación del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconocido torturador de la dictadura militar que gobernó Brasil entre 1964 y 1985. La provocación y la excentricidad fueron su norma y permitieron a la ultraderecha llegar al poder en 2019. Pero Bolsonaro, excapitán del Ejército, no quiso abandonarlo y encabezó una conjura que llegó a contemplar el asesinato de Luiz Inácio Lula da Silva. «Mito», como suelen decirle sus seguidores, acaba de ser condenado a 27 años y tres meses de cárcel por el Tribunal Supremo Federal (STF) en un juicio histórico que parte en dos la historia republicana del gigante sudamericano y que promete derivaciones políticas en un país que tendrá elecciones presidenciales en 2026.
Cuatro integrantes del STF, entre ellos el instructor de la causa, Alexandre de Moares, votaron por una condena ejemplar que debía disuadir para siempre a cualquier aventurero golpista de retomar el camino trunco de Bolsonaro. Solo el juez Luiz Fux pidió la absolución de los conspiradores y llamó a la tentativa de golpe de Estado del 8 de enero de 2023 una «turba desordenada» que arrasó las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia. Los cuatro magistrados tomaron una decisión sin precedentes y no solo en lo que respecta a un exmandatario, que ha sido condenado por encabezar una «organización criminal» que ha cometido los delitos de «abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado» y «daños graves y deterioro del patrimonio protegido».
«El juicio terminó con la justa y legítima condena de los acusados. Sin embargo, las penas impuestas fueron excesivas y se espera que se defina de manera razonable el régimen en el que se cumplirán las penas de prisión», señaló el diario paulista ‘Folha’. Tres generales del Ejército recibieron sentencias de similar magnitud: Walter Braga Netto, 24 años de prisión; Augusto Heleno, 21 años, y Paulo Sérgio Nogueira, 19 años. Los dos primeros se desempeñaron como ministros de Defensa. El exjefe de la Armada, Almir Garnier, el único de los integrantes de la cúpula castrense dispuesto a acompañar a Bolsonaro en su asonada, recibió una pena de 24 años. El exministro de Justicia Anderson Torres, a quien le encontraron el documento golpista, deberá cumplir la misma sentencia. El jefe de los espías del Gobierno, Alexandre Ramagem, 16 años, 1 mes y 15 días. Sobre las espaldas del teniente coronel Mauro Cid, ex asistente personal de Bolsonaro, cayeron dos años de cárcel de régimen abierto. Su delación premiada permitió que el juicio avance de manera sustancial.
«Voy a entrar en acción utilizando mi Ejército (…). No podemos esperar a llegar a 2023, mirar atrás y decir: ¿qué no hemos hecho para que Brasil llegue a la situación actual? «, dijo Bolsonaro en julio de 2022. Sus insinuaciones incluyeron la deslegitimación del proceso electoral. Tras la derrota de su candidatura, los bolsonaristas rodearon varios cuarteles para reclamar que los militares tomaran cartas en el asunto. El 8-E, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos. Había decidido no entregarle el mando a Lula. Sus comentarios sobre esa tentativa de golpe no fueron los más afortunados. En febrero de 2025, el fiscal general Paulo Gonet presentó formalmente la denuncia en su contra.
La posibilidad de un éxito del juicio se basó en el testimonio de Mauro Cid, el asistente personal de Bolsonaro y en las investigaciones de la Policía Federal que llegaron a encontrar informaciones sobre un complot que incluía, además del asesinato de Lula, los del vicepresidente Geraldo Alckmin y el juez Alexandre de Moraes. Este magistrado fue un protagonista determinante de este proceso y por ello objeto de sanciones de Estados Unidos. El alto perfil del magistrado se verificó en su dictamen que ordenó cerrar temporalmente X en 2024 por su negligencia a poner freno a la «guerrilla virtual» de la ultraderecha. Ahora debe decidir dónde cumplirá Bolsonaro su condena. La prensa cita tres destinos: una unidad de la Policía Federal, una celda especial en un centro penitenciario, y un cuartel. Esta opción no es bien vista por las Fuerzas Armadas.
Los abogados de Bolsonaro afirmaron que su cliente no cometió los delitos que le imputaron ya que solo discutió «alternativas» al traspié electoral de 2022. La prensa brasileña sostiene que la defensa del expresidente buscará en principio mitigar las penas. El STF ha sido primera y única instancia de este juicio. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, una moción para interponer un recurso de amparo contra una pena solo es viable si al menos dos jueces votan a favor de la absolución del acusado. Y eso no ocurrió. Cuatro de los cinco magistrados votaron por condenarlo.
Los abogados buscarán no obstante anular los pasos dados por el STF a partir de la llamada «moción de aclaración» que se utiliza para señalar omisiones o contradicciones en el juicio. El abogado Paulo Bueno, defensor de Bolsonaro, dijo que el voto absolutorio de Fux «abre el camino» para recursos ante tribunales internacionales». La cuestión en el fondo es del orden político y tendrá que ver con el curso de los acontecimientos a partir de 2026. El candidato con más posibilidades de la derecha, Tarcísio de Freitas, ha prometido sacar de la cárcel a Bolsonaro en caso de acceder al Palacio Planalto por medio del voto.
El actual senador, exvicepresidente de Bolsonaro y general del Ejército, Hamilton Mourão, pidió a la cúpula castrense no permanecer en silencio frente a lo que calificó de una «conducción arbitraria de procesos ilegales» que afectaron a los miembros de la institución. «Hay oficiales en activo que están siendo afectados por supuestos delitos». Mourão ha pedido que sea un tribunal militar el que juzgue a los oficiales de alta graduación. La solicitud añade un nuevo frente de preocupación en el seno de la jerarquía castrense, que es observada con lupa en sus movimientos y declaraciones.
La conducción de las Fuerzas Armadas mantiene un vínculo formal y diplomático con Lula. No le gusta en absoluto lo que ha sucedido con los uniformados que han sido condenados. El Gobierno sigue atentamente ese frente, que no es el único que podría presentar inconvenientes. La derecha redoblará en el Congreso el proyecto de amnistía de Bolsonaro y todos los protagonistas del 8-E.
«Creo que fue un buen presidente. Es muy sorprendente que haya sucedido esto», dijo Donald Trump apenas conoció la sentencia de Bolsonaro. «Creo que es algo terrible. Muy terrible. Creo que es muy malo para Brasil«, añadió, comparando al mismo tiempo lo sucedido con el excapitán con su propio caso judicial. Estados Unidos politizó al proceso al imponer un arancel del 50% a las exportaciones brasileñas que tuvo un fundamento más político que comercial. También sancionó a De Moraes y otros funcionarios.
El secretario de Estado, Marco Rubio, acaba de prometer otras medidas por la «caza de brujas». Washington, advirtió, «responderá en consecuencia». La ultraderecha llegó a ondear banderas estadounidenses durante su última manifestación a favor de Bolsonaro, el pasado Día de la Independencia. Su alineamiento absoluto con la Casa Blanca es visto como un problema que puede tener consecuencias electorales. Más allá de esos gestos, el juicio no hizo más que visibilizar hasta qué punto la sociedad brasileña se encuentra dividida en lo que respecta a «Mito». Un 42% de las personas creen, como Rubio, que ha sido objeto de una persecución. Las evidencias son insustanciales.
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