El último informe del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) vuelve a poner cifras sobre el drama de la vivienda en España: un mercado tensionado no por el exceso de demanda, sino por la falta deliberada de suministro causado por la maraña regulatoria, la voracidad fiscal y la inseguridad jurídica.

España vive su propio ciclo, desconectada del resto de Europa. Mientras que en países como Alemania los precios inmobiliarios han caídoaquí siguen subiendo con fuerza. En 2024, la inversión inmobiliaria aumentó un 20% y el sector residencial captó el 35% de toda la inversión, más de 1.130 millones de euros. No es casualidad: el país se ha convertido en un destino favorito del capital extranjero –representa ya el 14,6% de las compras– y el ahorro acumulado de los hogares, con una deuda mínima del 43,9% del PIB (frente al 85% en 2010), impulsa aún más la demanda.

El problema no está en el comprador, sino en la moderación a la que somete el Gobierno la oferta. No hay terreno, las licencias tardan una eternidad y la burocracia ambiental retrasa cualquier proyecto durante años. A esto se suman los controles de precios, las cuotas obligatorias de vivienda social y una legislación laxa en materia de ocupación ilegal lo que desalienta la puesta en el mercado de viviendas vacías. Resultado: menos casas, precios más altos.

Y si alguien consigue ahorrar para comprar, Hacienda se encarga del resto. Una vivienda de 300.000 euros requiere entre 18.000 y 30.000 euros adicionales en impuestos (IVA o Transmisiones Patrimoniales) más el AJD, que suma otros 1.500 a 4.500 euros. España apoya uno de los Los impuestos inmobiliarios más altos de Europa: 30,3% de tasa efectiva en vivienda ocupada, frente al 9,7% en la OCDE, y 44% en alquiler, muy por encima de la media europea.

El diagnóstico del Observatorio es claro: sin liberalización del suelo, reducción drástica de las trabas y reducción de impuestos, el acceso a la vivienda seguirá siendo un privilegio. La receta es la misma de siempre: Más mercado, menos intervención.. Pero el Gobierno insiste en políticas que distorsionan los precios, desalientan la inversión y expulsan del mercado a los jóvenes y a la clase media. Mientras la regulación siga sofocando la oferta, el sueño de ser propietario de una vivienda seguirá siendo, para muchos, sólo eso: un sueño.