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El Gobierno inicia oficialmente la «extinción» de la Fundación Franco por «apología del franquismo» y «humillación a las víctimas»

El Gobierno inicia oficialmente la «extinción» de la Fundación Franco por «apología del franquismo» y «humillación a las víctimas»
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  • Publishedoctubre 31, 2025



El Gobierno ha informado a la Fundación Francisco Franco de la apertura del proceso para solicitar su extinción, tras concluir que su actividad es una apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, aunque será la Justicia la que tenga la última palabra. La Fundación Franco tiene ahora, según fuentes de Sumar a laSexta, 10 días para presentar alegaciones.

Tras las alegaciones que consideran, habrá otro informe de la Fiscalía del Estado en base al cual el Ministerio de Cultura elaborará una resolución para instar judicialmente la extinción. Es decir, toda esta información llegará a un juez de primera instancia para que decida si pone fin a la fundación.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron hace más de un año, en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, del que depende el Protectorado Estatal de Fundaciones, comenzó a recopilar información.

En concreto, Cultura solicitó un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que El Gobierno considera que la Fundación Francisco Franco no cumple la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática.

Tras recibir estos informes, Cultura ha dado un paso más, al comunicar oficialmente este viernes a la Fundación Francisco Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la Justicia. Lo ha hecho a través de una resolución en la que expone los motivos por los que, a su juicio, debe extinguirse la fundación.

Apología del franquismo y humillación de las víctimas

En la resolución de 37 páginas, a la que ha tenido acceso EFE, Cultura se basa fundamentalmente en el informe emitido el pasado mes de mayo por la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática, ya que el registro de fundaciones indicó que en su caso no era competente para identificar las entidades que debían extinguirse. Por su parte, la secretaria de Estado para la Memoria Democrática aportó un informe de la Fiscalía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo, además de un análisis de la presencia de la Fundación Francisco Franco en los medios de comunicación.

Con todo este material, y tras analizar todo el contenido de la web de la fundación, Cultura concluye que la entidad no persigue fines de interés general, lo que es una de las razones que pueden llevar a su extinción. ya que sus actividades «son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente» y aportan una «visión inequívocamente positiva del franquismo».

Pero también asegura que la Fundación Francisco Franco cumple con las otras premisas que pueden acabar con su extinción y que están recogidas en la Ley de Memoria Democrática: la la apología del franquismo, el desprecio y la humillación de las víctimas, y la incitación directa o indirecta al odio y la violencia. Para ello, pone como ejemplo la publicación de artículos de la Fundación con un «prisma negacionista» y que «niegan o reducen el alcance de la represión», como uno titulado ‘La mentira de los niños robados del franquismo’.

El Gobierno solicitará medidas cautelares a la Justicia

Fuentes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática consideran que han recopilado y aportado pruebas «suficientes y destacadas» para que el juez que lleva este proceso «no tenga más remedio» que acordar la extinción de la entidad. Añaden que su intención es acudir a los tribunales lo antes posible, sin necesidad de agotar el plazo de nueve meses que tienen a partir de ahora, y que solicitarán medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la Fundación hasta que haya una decisión judicial sobre su extinción.

La Fundación Francisco Franco comentó en su momento que declarar su extinción sería contrario a la Constitución, pero fuentes de ambos Ministerios subrayan que una cosa es la libertad de expresión y otra la creación de una fundación, que permita, entre otros aspectos, beneficios fiscales, algo a lo que aseguran que esta entidad no debería tener derecho.

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