Jornada histórica en el Tribunal Supremo que por primera vez vio a un Fiscal General sentado en el banquillo. Álvaro García Ortiz llegó al Tribunal Supremo poco antes de las 10 de la mañana entre aplausos y gritos de aliento. Con gesto serio y sin hacer declaraciones afrontó un día clave en su carrera judicial.

Dentro de la sala, el Fiscal General se vistió la toga para sentarse en el banquillo acusado de un delito de revelación de secretos por el que se piden entre 4 y 6 años de prisión. Un presunto delito que una vez más ha negado rotundamente.

«¿Se considera usted responsable de los delitos que se le imputan?» preguntó el presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta. «No», respondió con contundencia García Ortiz.

A su lado hay cuatro personas que apoyan su inocencia. Dos abogados del Estado como defensa y otros dos fiscales que han acusado al juez Hurtado de ser imparcial. Precisamente esa ha sido la estrategia de defensa en la que han coincidido tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado. Ambos han manifestado sus dudas sobre la imparcialidad de la instrucción del juez Hurtado. Una imparcialidad que habría resultado en una instrucción más que cuestionable.

«La investigación tuvo un carácter inquisitivo y un carácter eminentemente prospectivo», afirmó en la sala Consuelo Castro, abogada de Álvaro García Ortiz. Y así ha enumerado varias violaciones por las que, en su opinión, el caso debería ser anulado.

En una dura intervención, Castro ha denunciado que el juez Ángel Hurtado inició las investigaciones «con la idea preconcebida de que el investigado era culpable» y, con un «constante vaivén» en su actuación, buscó pruebas «incriminatorias» y «perjudiciales» en su contra que incluso «sacaron a la superficie otras conductas delictivas» de las que no hay pruebas, como que el fiscal general respondía a «consignas políticas».

Ha sido, según Castro, una instrucción «inquisitiva» con una «valoración selectiva de las pruebas» en la que no se han tenido en cuenta otras hipótesis y que ha dado lugar a «un proceso injusto» en el que el fiscal general «no ha podido defenderse en las condiciones requeridas».

Toda esta actuación, ha afirmado, es motivo suficiente para expulsar del procedimiento todo el material incautado a García Ortiz en el acta inédita de 30 de octubre de 2024 a su despacho y al de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez -por quien se presentó la causa-.

Porque, ha subrayado la Fiscalía del Estado, «no se realizó ni una sola diligencia investigativa antes de lanzarse a un registro en el despacho del fiscal general» e incautarse de todos sus dispositivos, sin justificar la orden que lo autorizaba.

El juez «dio vía libre para copiar absolutamente toda la información» y la Guardia Civil clonó «todo el contenido íntegro» sin filtros. Con estos trámites, lamentó el abogado del Estado, se puede saber «casi todo»: qué compra, qué lee, sus contactos, dónde está en cada momento o incluso sus datos bancarios.

Así, Consuelo Castro ha centrado, una a una, en todas las «constantes y patentes» vulneraciones de los derechos del fiscal general, entre las que ha destacado las resoluciones del juez que supusieron que García Ortiz borró intencionadamente todos sus mensajes el día de la apertura de la causa contra él, sin dar a la defensa la oportunidad de «acreditar la naturaleza del borrado» con las pruebas periciales que han vuelto a aportar este lunes.

La Fiscalía también insiste en que los registros son nulos

La teniente fiscal del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, también ha cuestionado duramente el registro, no sólo de García Ortiz, sino también de la fiscal Pilar Rodríguez, cuyo despacho «nunca debería haber sido allanado» porque no había pruebas en su contra.

El fiscal ha argumentado que el auto que abrió una causa contra García Ortiz «hacía imposible» que el instructor accediera a estas medidas y ha subrayado que todo lo relacionado con la inscripción es nulo.

Ha asegurado que «la Sala sabe que en este delito la información se suele facilitar sin dejar rastro»; Aunque el juez, «dando por hecho que se había cometido electrónicamente», entendió que «sólo se podía investigar de esta manera», cuando hoy la Fiscalía «está a la espera» de que se aporte «un solo dato para decir que la filtración» fue «por medios informáticos o telemáticos».

Frente a ellos, La acusación liderada por el abogado de González Amador ha defendido todo lo contrario: que García Ortiz filtró la información. Así, las acusaciones se han opuesto a las impugnaciones de la Fiscalía y la Fiscalía. Y han calificado de «modelo» la instrucción del juez Hurtado, negando que se haya realizado una investigación prospectiva y apoyando el allanamiento de la fiscalía general.

El abogado que ejerce la acusación popular en representación de los fiscales de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) también ha avalado la instrucción del juez Hurtado porque «no podría haber sido más prolija». El abogado representante del Colegio de Abogados de Madrid, que ejerce la acusación popular, también ha impugnado los argumentos de nulidad.

El fiscal Julián Salto declara que el novio de Ayuso iba a admitir su fraude

El primer testigo en declarar fue el fiscal Julián Salto, quien confirmó que fue el entonces abogado de González Amador quien se ofreció a llegar a un acuerdo y que la intención era reconocer el fraude al Fisco y pagar la multa. “La idea del señor Neira era que su cliente iba a reconocer los hechos y que iba a pagar el monto supuestamente defraudado”, detalló Salto.

Así, su declaración arroja luz sobre varias claves. A preguntas de la defensa de García Ortiz, Salto explicó que el correo filtrado lo recibió en un correo genérico de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Madrid, donde lo envió el abogado de González Amador (que además lo facilitó a más personas).

Un detalle que resulta clave para la Fiscalía del Estado y la Fiscalía, ya que indica que más de una decena de personas tuvieron acceso a esa cuenta, lo que hizo que las potenciales filtraciones se multiplicaran.

Además, Salto ha explicado su primer contacto con la fiscal provincial de Madrid, en el que le preguntó por los correos electrónicos intercambiados con Neira. Salto explicó que el fiscal insistió en saber a qué se había «comprometido» la Fiscalía, ya que el diario El Mundo había difundido la información distorsionada de que el Ministerio Público había ofrecido un pacto al novio de Ayuso.

En ese momento, Salto ha denunciado una «campaña de desinformación» que dura meses; y que siempre entendió que el pedido de información a sus superiores era legal (una “contabilidad” común en un tema mediático de interés nacional).