Proinsa nació en 2001 con una estrategia de fuerte expansión durante la burbuja inmobiliaria. En esa etapa, la empresa creó 40 filiales y emprender ambiciosos desarrollos urbanísticos, obteniendo elevadas ganancias.

Sin embargo, tras el estallido de la burbuja, la compañía encadenó pérdidas año tras año, acumulando una deuda con el fisco que supera 110 millones de eurosprincipalmente con la Hacienda Foral de Gipuzkoa tras las inspecciones fiscales realizadas entre 2006 y 2009.

La firma ya había entrado en proceso de liquidación en 2016, dejando la dirección a Aguiser Servicios Inmobiliarios, cuyo gestor, Agustín Aguirre IguiñizEstaba vinculado a casos como el sumario de Malaya, una de las mayores causas de corrupción urbana en España.

La pertenencia de Proinsa a dicho sumario y sus consecuencias fiscales complicaron aún más su «desmantelamiento» y la posibilidad de encontrar soluciones para los acreedores.

La insolvencia de la matriz y la carga de intereses han hecho inviable la supervivencia tanto de Proinsa como de muchas de sus filiales, que suman unos activos valorados en 120 millones de euros pero con saldos negativos generalizados y proyecciones de futuro desfavorables.

Efecto de quiebra en el mercado

la caída de Proinsa Se supone un nuevo episodio en la larga lista de quiebras de grandes promotoras ligadas a la crisis inmobiliaria que afectó a toda España a partir de 2008.

Aunque la empresa no contaba con el volumen nacional de Martinsa-Fadesa, tuvo un papel activo en el urbanismo vasco de principios de siglo, influyendo también en los procesos de expansión urbanística en las comarcas limítrofes.

Sus operaciones dejaron un reguero de promociones a medio terminar, deudas comerciales y financieras con entidades bancarias y proveedores, y un complejo entramado de intereses legales y administrativos.

La situación de las filiales dependerá ahora del trabajo del administrador concursal y del margen que puedan recuperar los acreedores y trabajadores afectados en el proceso judicial.

El caso también vuelve a poner el foco en la relación entre las empresas inmobiliarias y la financiación pública y privada, la necesidad de controles fiscales y la dificultad de gestionar grandes redes corporativas tras el estallido de la burbuja.

La liquidación de Proinsa podría ser un ejemplo para una industria que, pese a la recuperación del sector inmobiliario en algunos segmentos, todavía tiene serios problemas estructurales y reputacionales en torno al urbanismo especulativo.

El proceso de liquidación forzosa implica una reordenación del mercado de suelo y vivienda en Donostia y otras zonas afectadas por las promociones inacabadas de la compañía.

Sirve de aviso a inversores y profesionales del área: la prudencia y la diversificación serán claves en la nueva etapa inmobiliaria, marcada por la digitalización, el relevo generacional y una mayor sensibilidad a factores regulatorios y fiscales.

Tras la declaración de disolución y el concurso de acreedores, los ojos de administraciones, acreedores y trabajadores siguen esperando el desenlace judicial, que marcará el futuro inmediato del patrimonio y la implicación para el mercado vasco y español.