el ex ministro José Luis Ábalos Insiste en que los “folios” a los que se refiere no son “efectivo” procedente de presuntos sobornos como cree la UCO. El exministro de Transportes, imputado por su presunta implicación en el “asunto Koldo”, asegura que la Guardia Civil se equivoca.

Ábalos pidió al Tribunal Supremo que pregunte al Congreso cuánto papel gastó cuando fue ministro y la Corte Suprema lo rechazó. Pero apeló la negativa del juez a certificar el número de páginas que le entregaron y ahora es él quien realizó la solicitud.

A través de redes sociales mostró un certificado de los útiles de oficina utilizados: 168 paquetes de folios en 21 meses. Según él, por eso la palabra «folios» aparece con tanta frecuencia en los informe de la UCO.

Según este documento, la Cámara entregó al actual miembro del Grupo Mixto 168 paquetes de papel para fotocopiar en 21 meses. El documento detalla que entre el 27 de febrero de 2024 y el 4 de noviembre solicitó estos 168 paquetes de páginas DIN A4.

«Cuando hablo de folios quiero decir que son folios y no dinero ilícito, como extrañamente me atribuye la UCO. en la hoja nro. 79 de su informe 157/2025 de 3 de octubre de 2025, sin verificación previa alguna y con una sola intención incriminatoria al referirse a la expresión “folios” como ejemplo de jerga, accedió a fabricar otras pruebas para sustentar la existencia de una organización criminal. Y, en realidad, por falta de dinero, lo que encuentran son “folios”. Es muy lamentable que haya tenido que pedir al Congreso un certificado del material de oficina suministrado desde el 27 de febrero de 2024 al 4 de noviembre de 2025 para demostrar que es posible seguir la trazabilidad de este suministro y por tanto que la UCO podría haber actuado con el juez instructor para obtenerlo del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible antes de presentar este hecho como prueba. Con estas hipótesis conseguimos que la opinión pública asuma la imputación de esta conjetura como verdad absoluta, estigmatizando así al investigado, quien se ve obligado, con la presunción de inocencia volcada, a defenderse de sospechas artificialmente fabricadas. Al no comprobarse la investigación, el 28 de octubre solicité al juez de instrucción del Tribunal Supremo que enviara un escrito al Ministerio de Transportes para certificar las páginas que me facilitaron para el uso del informe del gabinete durante mi mandato como ministro entre los años 2018 a 2021 y así sucesivamente. demostrar que la expresión ‘folios’ no responde a un lenguaje codificado con significado monetario. Este trámite fue rechazado por el Juez de Instrucción en su Auto de 31 de octubre de 2025 por considerarlo, al igual que los demás trámites solicitados, «inútiles y nocivos», pero lo cierto es que esta negativa reduce las posibilidades de mostrar un significado alternativo al término «folios» y de poder compararlo con el informe de la Guardia Civil. El rigor de un proceso se basa en el principio de contradicción y la presunción de inocencia, y el equilibrio se desequilibra cuando se entrega el control a la policía judicial y simplemente se acepta un informe policial basado en especulaciones y conjeturas. De esta manera, la investigación está sesgada en una dirección y desconoce lo que recomienda el Código Procesal Penal, que en su art. 2 establece que las autoridades y responsables del proceso penal deben considerar y valorar todas las circunstancias, tanto desfavorables como favorables para el “presunto infractor”. Un hecho que en mi caso no ocurre. Es increíble que me vea obligado, una vez más, como ya sucedió con el error de campo de la UCO en Colombia, a buscar deconstruir una prueba más errónea o maliciosa. En derecho procesal, en términos generales, la carga de la prueba recae en la parte acusadora. Se trata de un elemento fundamental que pretende equilibrar las posiciones de las partes y garantizar una investigación rigurosa y veraz, así como una investigación justa. En este caso, esto significaría que es responsabilidad de quien dirige la investigación demostrar con pruebas y pruebas que la palabra “folios” correspondería a elementos monetarios. En este contexto, por mi parte, sigo manteniendo una serie de derechos fundamentales que deben ser respetados. Si se rompen las garantías del proceso, enfrentaremos un calvario “diabólico”, porque es difícil defenderse de lo que no sucedió”, escribió el exministro en la red social “X”, adjuntando dos fotografías que muestran el material de oficina utilizado durante esta etapa.

El exministro, imputado por su presunta participación en una supuesta conspiración en la que presuntamente recibió comisiones ilegales para la compra de material sanitario y a cambio de la adjudicación de obras públicas, considera «muy lamentable» haber tenido que pedir al Congreso un certificado del material de oficina que le fue suministrado durante los últimos 21 meses para «demostrar que es posible seguir la trazabilidad de este suministro».

El juez se negó a certificar las páginas aportadas

El propio Ábalos pidió a Puente enviar una carta al Ministerio de Transporte para certificar páginas para tu impresora de oficina mientras era ministro, pero el juez lo rechazó.

El exministro cree que su propuesta de que el Tribunal Supremo certifique el número de páginas utilizadas fue “relevante, útil y necesario“Investigar el término ‘folios’ tendría otro significado en el informe.

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