En una maniobra política inesperada, Junts ha sido clave este jueves para impedir la aprobación de una enmienda del PP en la Ley de Movilidad Sostenible del Congreso, que buscaba eliminar la fecha fijada para el cierre definitivo de centrales nucleares Almaraz (Cáceres), Asco I (Tarragona) y Cofres (Valencia).

La formación dirigida por Carlos Puigdemont optó por el abstenciónque resultó decisivo en una reñida votación que acabó con 171 votos a favor y 172 en contra.

El resultado sorprende, sobre todo después de la reciente ruptura escenificada entre Junts y el Govern y, apenas 24 horas antes, el tenso enfrentamiento entre su portavoz, Miriam Noguerasy el presidente Pedro Sáncheza quien calificó de «cínico e hipócrita».

Lo que parecía una jornada tranquila para el Ejecutivo, ya que Junts había excluido esta norma y la relativa a la atención al cliente (aprobada en el pleno) del rechazo previsto del resto de leyes, acabó convirtiéndose en una sesión marcada por la incertidumbre y las negociaciones de última hora.

Fuentes de Ministerio para la Transición Ecológica Señalan que la propuesta del PP no modifica el calendario previsto ni afecta realmente a la vida útil de las plantas. Según sus portavoces, “la enmienda intenta generar la falsa idea de revertir el cierre definitivo, pero en realidad no significa una prórroga automática.

El Gobierno ve una «victoria contundente» a juicio del Abogado del TJUE al avalar el grueso de la Ley de Amnistía

Paralelamente, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado de «victoria rotunda» la resolución del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que este jueves descartó que su tramitación responda a una «autoamnistía» o afecte a los intereses financieros de la UE.

El ministro también considera que el dictamen «desmiente» que la ley sea una «autoamnistía», y asegura que están «muy satisfechos» porque queda demostrado, a su juicio, que la ley es conforme al Derecho de la Unión Europea.

En la misma línea, fuentes gubernamentales consideran «magnífico» el contenido de la resolución dictada por el Abogado General del TJUE, que señala que algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Amnistía pueden ser incompatibles con el derecho comunitario -como el plazo de dos meses para dictar si la norma es aplicable en un caso-; aunque descarta la «autoamnistía» o que entre en conflicto con la legislación de la UE en la lucha contra el terrorismo o afecte a los intereses financieros de la Unión.