La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha trasladado a las comunidades, en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, su intención de presentar en los próximos dos meses un nuevo modelo de financiación autonómica, lo que ha levantado el rechazo de los líderes populares, que han deshonrado a Montero por querer «combinar multilateralismo con bilateralidad».

Montero ha confirmado que en un plazo de unos dos meses, «como muy pronto a finales de enero», convocará un nuevo CPFF para presentar el nuevo sistema de financiación regional, basado en varios preceptos: las comunidades no sufrirán ninguna pérdida de recursos, se tendrán en cuenta las singularidades regionales «para que algunos ámbitos puedan negociarse bilateralmente pero dentro de un modelo multilateral», la solidaridad interterritorial será explícita, la transparencia se fijará en criterios objetivos, se respetará la autonomía fiscal, el objetivo es acabar con la brecha entre lo mejor y lo peor financia a las comunidades «para reducir el déficit de 1.005 euros per cápita», se realizará el traspaso de algunas figuras impositivas a la gestión autonómica, y se diseñará un nuevo modelo de gestión en red del sistema tributario, «para que las comunidades puedan asumir una mayor capacidad de gestión, pero sin asumir el control de la política fiscal», ha matizado.

Montero ha «acusado directamente a Génova» de bloquear «cualquier tipo de propuesta presentada por el Gobierno», que ha ordenado que «voten en contra de todo de forma preconcebida. Tendrán que explicar a sus ciudadanos estas decisiones que van en contra de su financiación y de sus servicios públicos».

Los concejales populares han criticado duramente estos anuncios. El consejero de Hacienda de Murcia, Luis Alberto Marín, calificó la propuesta como «un cuento de lechera porque se ha planteado una reforma inminente sin negociar ni contar con nosotros, después de que llevamos siete años reclamando estos cambios». Por ello, se muestran «escépticos» ante la urgencia de Hacienda, que ni siquiera nos ha facilitado información «porque no tienen nada, ni cómo se va a articular ni si habrá fondos de compensación». Marín también criticó especialmente que la propuesta se haya hecho sin involucrar a las comunidades. «Es muy inverosímil. Lo que no se ha hecho en ocho meses se va a hacer en dos meses sin contar con las comunidades autónomas».

Los gobiernos populares creen que Montero ha incluido en la agenda la financiación autonómica «de relleno» «para que no nos quejemos de que no se aborde este tema, pero lo que ha presentado ha sido muy decepcionante porque mantiene los privilegios para Cataluña y todavía no cuenta con la mayoría de los gobiernos autonómicos», ha insistido la consejera económica de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que también ha criticado que «quieren combinar multilateralismo con bilateralidad». También han denunciado que Montero habla de «bilateralidad y multilateralidad como si fueran iguales» y que mezcla «generalidad» con «singularidad».

Montero ha decidido permitir a las comunidades autónomas un margen de déficit del 0,1% del PIB en los próximos tres años, el mismo que en el año en curso y unas entregas a cuenta récord, que ascienden a 157.731 millones de euros, un 7% más que este año y una «cifra histórica», basada en «la buena dinámica de la economía española, que nos ha permitido mejorar la cifra estimada en julio», reiteró la ministra. Este importe de los pagos a cuenta, sumado a la previsión de liquidación del ejercicio 2024, que se producirá en 2026, elevará la financiación total hasta los 170.300 millones de euros, un 7,7% más que este año y «otro máximo histórico». Este margen de una décima ofrecido permitiría elevar el margen de gasto de las comunidades autónomas hasta unos 5.500 millones, una cifra muy alejada de las exigencias de las comunidades del PP, que reclaman una reforma del sistema de financiación. las comunidades

Sobre esta propuesta, los populares han señalado que se trata de una cifra «asimétrica», ya que las Administraciones Públicas disfrutarán del 2,1%, a pesar de que las regiones apoyan el 35% del gasto de las administraciones. Todas las comunidades del PP votaron en contra de la propuesta de Hacienda, que fue aprobada con el apoyo de las regiones socialistas.