Isabel Díaz Ayuso llamado este lunes «dictador» a Pedro Sánchez después de saber que el Gobierno ha emprendido acciones legales por su negativa a crear un registro de objetores del aborto en la Comunidad de Madrid.

«Defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Sólo un dictador puede obligarlos a hacer lo que no quieren hacer».afirmó el presidente madrileño en la red social X.

Ayuso es la única presidenta regional que se niega a crear este registropese a que el Gobierno había dado como plazo hasta el pasado viernes. Lleva meses avisando de que la Comunidad de Madrid no va a «señalar ni perseguir a quienes abortan ni a quienes abortan o no».

Todo ello, a pesar de que el la lista no es pública y que desde hace años existe una similar para la eutanasia. Su objetivo es conocer cuántos profesionales se niegan a practicar abortos y cuántos están dispuestos a hacerlo para garantizar, en la medida de lo posible, que este derecho se cumpla en la sanidad pública.

Una ley «sectaria»

Como ha recordado en distintas ocasiones el Ministro de Sanidad, Mónica Garcíala creación del registro de objetores del aborto es una “obligación legal”, ya que es una medida que forma parte del Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo.

En este sentido, el presidente de la Comunidad de Madrid ha criticado que Se trata de una norma redactada de forma «sectaria» por un gobierno «furioso» y ha insistido en que prefiere «encomendar» este asunto a las decisiones de la justicia. Sin embargo, tras conocer que el Gobierno ha iniciado acciones legales, Ayuso ha respondido llamando a Sánchez «dictador».

A través de un comunicado, el Ejecutivo de Sánchez ha informado que solicitará este lunes a la Fiscalía del Estado la presentación de un Recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)ya que la negativa de la Comunidad de Madrid a cumplir la ley «ataca la libertad de las mujeres».

Asimismo, ha indicado que la región «ya deriva más del 99% de las interrupciones voluntarias del embarazo a clínicas privadas». Un derecho esencial, «convertido en negocio», que el Gobierno central no va a «permitir».

En este sentido, Ayuso recordó a Sánchez que el PSOE de Castilla-La Mancha «refirió 2.000 abortos a Madrid el año pasado».

El PP apoya la vía judicial

Sobre este conflicto entre el Gobierno autonómico y el nacional, la vicesecretaria de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP, juan bravoHa evitado apoyar directamente a Ayuso y ha apoyado que si «hay dudas» en la aplicación de una ley se recurra a la vía judicial.

«Las leyes se cumplen o si hay problemas se modifican. Y Cuando existan dudas en su aplicación, debe ser el proceso judicial el que deba resolver. Eso es lo que se ha propuesto», declaró Bravo en rueda de prensa en la sede del PP al ser preguntado expresamente si Génova apoya a Ayuso en su decisión.

«Se tiene que plantear una de las dos cuestiones y cuando hay diferencias hay que acudir a los tribunales para tomar esa resolución», añadió.

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