El Gobierno ha ligado su futuro a que en el mes de febrero ponga sobre la mesa del Congreso de los Diputados los tres ejes sobre los que debe girar la suerte de este Gobierno: la presentación de los Presupuestos Generales del Estado -tras haber presentado ayer el techo de gasto, la senda de estabilidad y el cuadro macro-, la reforma del modelo de financiación autonómica -que debe aprobarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y luego firmarse en el Consejo de Ministros para ser tramitado posteriormente en el Congreso-, y la polémica condonación de los deuda autonómica -que prevé aliviar a las comunidades de 84.000 millones de su deuda con el Estado-. Ninguna de las tres votaciones tiene garantizado el éxito, pero fuentes del Ejecutivo sostienen que la legislatura «seguirá hasta 2027 pase lo que pase», porque dicen que siempre tienen el comodín de presentar las mismas cuentas públicas ampliadas si sufren otra derrota parlamentaria.

Con esta «tranquilidad», el Consejo de Ministros dio ayer luz verde tanto al futuro techo de gasto como a la nueva senda de estabilidad -que aún debe ser aprobada la próxima semana por un Congreso en plena parálisis parlamentaria del Gobierno- y al panorama macro. En concreto, ha aprobado un techo de gasto nacional de 212.026 millones, que serían 216.177 millones de euros incluyendo la aportación de los fondos del Plan de Recuperación, la cifra más alta presentada hasta ahora por un Ejecutivo español. Unas cuentas que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó de «amplias y responsables».

Junto al techo de gasto, el Gobierno ha aprobado la senda fiscal hasta 2028, que prevé reducir el déficit de todas las Administraciones Públicas del 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028. Para las comunidades autónomas, el déficit máximo será el 0,1% del PIB anual hasta 2029, mientras que para los ayuntamientos se ha fijado la estabilidad presupuestaria. La consolidación fiscal recaerá en la Administración General del Estado: el objetivo será el 1,8% para 2026, frente al 2,2% en 2025. En el caso de la Seguridad Social, Hacienda espera que el déficit sea del 0,2% en 2026 y 2027 y que baje al 0,1% en 2028.

En cuanto a la deuda pública, el Gobierno ha aprobado un objetivo para las Administraciones Públicas del 100,9% del PIB en 2026, el 100% en 2027 y el 99,1% en 2028. «Vamos a seguir reduciendo el pasivo de nuestro país, algo que venimos haciendo con éxito en los últimos años, después de haber alcanzado su pico máximo durante la pandemia», destacó Montero, aunque su importe nominal sigue creciendo y ya ha superado los 1.700 millones de euros, un registro histórico.

El Gobierno también ha actualizado el cuadro macroeconómico –ahora llamado cuadro económico–, que contempla una revisión al alza del PIB para 2025 de dos décimas, hasta el 2,9%, y el mantenimiento de la proyección para 2026 en el 2,2% y una décima menos tanto para 2027 como para 2028. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defiende que esta mejora se ha producido «porque España mantiene un crecimiento dinámico y resiliente, gracias también a un modelo de crecimiento que se basa, sobre todo, en su carácter equilibrado», pero lo hace a pesar de las advertencias sobre el complejo contexto internacional y una situación de desaceleración generalizada de los principales socios dentro de la Unión Europea, que frenaría el impulso en el corto plazo.

En materia de empleo, el panorama macro tampoco recoge estas advertencias y mantiene el optimismo, registrando un aumento del empleo del 2,8% para este año, cinco décimas más que en 2024; caer al 2,1% en 2026 y al 1,9% tanto para 2027 como para 2028. Se prevé que la tasa de desempleo caiga al 10,5% este año, ocho décimas por debajo del récord de 2024; Caerá hasta el 9,9% en 2026, el 9,5% en 2027 y el 9% en 2028. Asimismo, el Gobierno prevé que el mercado laboral crecerá en 450.000 trabajadores al año hasta 2028, con una reducción del desempleo en torno al 9%, para superar los 24 millones de trabajadores en 2028.

Este cuadro macroeconómico ha presentado como novedad la evolución de tres indicadores de pobreza y desigualdad. El Gobierno pretende demostrar que el crecimiento de la economía «se está traduciendo en una mejora en la vida cotidiana» de los ciudadanos. Por ello, ha incluido previsiones de la tasa de riesgo de pobreza, la brecha entre el 20% más rico y el 20% más pobre, y el índice de Gini, que mide el nivel de desigualdad. Organismo ha sostenido que la tasa de riesgo de pobreza ha caído ocho puntos desde 2018 y se encuentra en su nivel más bajo desde 2007, con lo que «ha cerrado un tercio de la brecha respecto a la media de la zona del euro».

En cuanto a la desigualdad, la ministra de Economía ha señalado que España es el país de la zona euro donde más ha caído y ha asegurado que la brecha con la eurozona se ha reducido un 40% y que se espera una reducción similar en el horizonte de previsión.

Sin embargo, las cifras lo contradicen. El 26% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a unos 12,5 millones de personas, incluida la población ocupada. Aunque las cifras han mejorado ligeramente en comparación con años anteriores, la pobreza infantil sigue siendo un problema importante, con una tasa superior al 34%, la más alta de la UE. Además, la renta real disponible de los hogares está prácticamente congelada desde 2010, mientras que en la UE ha aumentado de media un 20%.