Él Corte Suprema condenado Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiztiene dos años de exclusión especial toma esta posición ahora Multa de 7.200 euros por el delito de revelación de datos confidenciales en relación con la filtración de un correo electrónico con admisión de fraude a Hacienda de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

Mirando hacia atrás, este caso inició del 8 al 14 de marzo de 2024. Desde el día en que la Fiscalía General del Estado recibió la documentación del caso contra González Amador por delitos fiscales, hasta el día en que la Fiscalía emitió un comunicado de prensa informando del caso. intercambio de correo electrónico entre el abogado del empresario, Carlos Neira, y Salto. Pero el foco está en el 13 de marzo, a partir de las 21.29 horas, cuando ‘El Mundo’ publicó: ‘La fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un acuerdo para admitir dos delitos fiscales’; hasta las 23.51 horas, cuando la ‘Cadena SER’ anunció en su web que efectivamente era González Amador quien había querido aceptar para evitar la cárcel, al recabar extractos del “correo electrónico” del 2 de febrero de 2024, en el que Neira lanzaba su propuesta de cumplimiento a la fiscalía. Esta es la semilla de la investigación.

Fiscales, periodistas, testigos… Todos declararon, mientras el caso llegaba al Tribunal Supremo. Las señales conducen a presione soltar emitido por el ministerio público. Posteriormente, la Corte Suprema acusó al fiscal general del estado. La UCO registra su sede Y se llevan celulares. Descubren mensajes en los que el fiscal está ansioso por recibir el correo electrónico, pero esta conversación no sale del celular del fiscal porque García Ortiz borró todo. Esta es otra prueba contra el fiscal. Hurtado, la UCO y los cargos dicen que lo hizo para eliminar el rastro digital de la supuesta filtración. El sostiene que realiza una “eliminación sistemática” por mes por seguridad.

Marcharon durante el juicio 12 periodistas. Todos se negaron a revelar la fuente, a favor del fiscal general que interpretó, Precedo. Dijo que sabía que era «inocente».mientras que José Manuel Romero (“El País”) declaró pertenecer al Ministerio Fiscal de la Comunidad de Madrid. Por su parte, las acusaciones ponen en duda la “credibilidad” de informantes que afirman tener en sus manos información relevante, pero no la publicaron de inmediato, sino horas y días después.

No hay rastro de los mensajes. Entre todo ello, declara ante el juez de instrucción, mientras defiende la actuación de la fiscalía. «El único objetivo era desmentir un engaño». Con esta justificación mantiene su posición. No renuncia ni cuando es procesado ni cuando se inicia un juicio oral. Unos días antes había asistido a la inauguración del año judicial y había subrayado su fe en la justicia y las instituciones.

Hubo otro testimonio interesante, aunque no sabemos si pudo ser decisivo para la sentencia, porque de momento sólo conocemos la sentencia, no los argumentos del tribunal: el autor del comunicado de prensa de la Fiscalía declaró ante el tribunal que el texto le había sido dictado por el Fiscal General.

Finalmente, este jueves, el fiscal general del estado fue sentenciado a dos años de prisión por revelación de secretos.

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