El Tribunal Supremo citó este jueves 27 de noviembre a José Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García para celebrar una audiencia clave en el caso Koldo. Será juez del Tribunal Superior, Leopoldo Puenteque escuche a las partes antes de decidir si mantiene las actuales medidas cautelares o, como piden la fiscalía y varias acusaciones populares, ordenar su ingreso a prisión.

En auto emitido este viernes, el instructor informó a los dos investigados que deben acudir personalmente al juzgado acompañados de sus respectivos abogados. Ábalos deberá comparecer a las 10:00 horas, mientras que Koldo está citado a las 11:00 horas.

La fiscalía anticorrupción ya ha solicitado sanciones que exceder los veinte años de prisión para ambos por el caso vinculado a los contratos de mascarillas. Con este horizonte penal, el Ministerio Público exige también que se celebre esta audiencia para que el Tribunal Supremo valore si deben permanecer en libertad o si se deben endurecer las medidas cautelares.

Ábalos y Koldo son acusados ​​ante el Tribunal Supremo de delitos de organización criminal, corrupción, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos. La acusación, presentada el pasado miércoles por el fiscal general anticorrupción, Alexandre LuzónTambién solicita una multa de 3,7 millones de euros por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.

También se solicita la misma suma (además de siete años de prisión) para el empresario. Víctor de Aldamaa los que se aplica la circunstancia atenuante de la confesión.

Las condenas solicitadas por el fiscal de Ábalos y Koldo

El documento detalla las sanciones solicitadas contra el exministro José Luis Ábalosincluyendo un delito adicional: el uso de información privilegiada. Pide 7 años por organización criminal, 6 años por corrupción continuada, 4 años por distintas variantes de tráfico de influencias, 2 años y una multa de 3,7 millones de euros por uso de información privilegiada y 5 años por malversación de fondos. En total, La petición supera con creces los 20 años de prisión.

En el caso del exasesor Koldo GarcíaLuzón reclama un total de 19 años y medio de prisión (6 años por organización criminal, 5 años por corrupción continuada, 1 año y medio y 3,7 millones de multa por uso de información privilegiada, 3 años por tráfico de influencias y 4 años por malversación).

El documento también exige que Ábalos y Koldo compensen 34.477 euros a Ineco y 9.500 euros a Tragsatec. Y también pide el decomiso de 430.298 euros de beneficios procedentes de la corrupción.

El papel de Aldama

Para Víctor de Aldama, la fiscalía solicita 4 años por organización criminal, 3 años por corrupción y multa de 3,7 millones para el uso de información privilegiada.

A Aldama le gusta atenuación de confesiones tras declarar ante la Audiencia Nacional en noviembre del año pasado, donde confirmó los hechos relativos al caso Koldo y aportó información sobre la trama de las máscaras así como de la trama de obras públicas. Desde entonces ha presentado documentos a ambos tribunales.

El caso va a juicio para revisar las medidas cautelares

El 3 de noviembre, el juez Leopoldo Puente decidió procesar a Ábalos, Koldo y Aldama por la compra de insumos médicos. Separa la sala principal de la relativa a órdenes de obras públicas y da diez días para que las partes presenten sus cargos.

En este contexto, tanto las acusaciones populares como la fiscalía han solicitado revisar las medidas cautelares establecidas el pasado mes de febrero: comparecencias quincenales, retirada del pasaporte y prohibición de salir de España.

Puente se ha negado hasta el momento a enviarlos a prisión, aunque en su última resolución de mediados de octubre, cuando ambos hicieron uso de su derecho a no declarar, Advirtieron sobre el riesgo “creciente” de fuga a medida que se acerca la fecha del juicio.

La lucha contra la corrupción requirió la citación de cerca de 40 testigosentre ellos ex altos cargos, empresarios y exsocio de Ábalos. se trata de Carlos Moreno (exjefe de gabinete de María Jesús Montero), Juan Ignacio Díaz Bidart (exjefe de gabinete de Teresa Ribera), Isabelle Pardo de Vera (expresidente de Adif), Javier Hidalgo (ex director general de Air Europa) y Jéssica Rodríguez (Expareja de Ábalos).

La acusación popular ve riesgo de fuga

En sus escritos ya se han hecho acusaciones populares de que exigirían que el ingreso a prisión temporal de ambos para el juiciocreyendo que “hay indicios racionales de criminalidad” y una “fuerte demanda de castigo”. Destacan además que Su solicitud de prisión preventiva es “adaptada, necesaria y proporcionada” para “evitar el riesgo de fuga” frente al juicio. La Fiscalía, por su parte, si bien solicitó la celebración de la audiencia, no anunció las medidas cautelares que exigiría para Ábalos y Koldo.

El magistrado explicó en su auto que, de conformidad con lo establecido por el artículo 505 del Código de Procedimiento PenalLos cargos podrán “solicitar la adopción, modificación o suspensión de cualesquiera medidas privativas de libertad o restrictivas de derechos en los casos que corresponda”.

Posteriormente, el instructor advirtió que sólo podría modificar las medidas cautelares de Ábalos y Koldo «a petición de una de las acusaciones» y previa audiencia de las partes en la vista.

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