La condena del fiscal general del estado por un delito de revelación de datos confidenciales No sólo afecta al propio Álvaro García Ortiz, sino que la sentencia también podría tener impacto en los dos casos abiertos, por fraude fiscal y corrupción empresarial, que han Alberto González AmadorSocio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Afecta porque la defensa de González Amador Podrías utilizar esta frase a tu favor.. Ahora, tu estrategia podría ser invalidar el proceso. alegando que la evidencia fundamental está contaminada. De hecho, ya han repetido hasta la saciedad desde el inicio de la causa contra el Fiscal General del Estado que la filtración de ese correo electrónico con Hacienda «genera un daño continuo a elementos tan esenciales y elementales como su derecho a la defensa».

Por tanto, la duda ahora es si la pareja de Ayuso podría librarse de los dos casos con el argumento de esta condena. Una pregunta para la que los expertos no tienen una respuesta clara. «Es comprensible que se intente pedir la nulidad. Otra cosa es que estén presentes los elementos jurídicos que podrían justificarlo», analizó este viernes el juez Joaquim Bosch en Al Rojo Vivo este posible escenario.

Ahora, González Amador. Tiene un caso abierto por corrupción empresarial y administración desleal. Uno en el que la decisión no afecta en absoluto de la Corte Suprema sobre el fiscal general. «No veo relación entre esa prueba y el resultado final. Me parece más difícil que pueda tener éxito en función de esas alegaciones», argumenta Felipe García, socio director de Círculo Legal y miembro de la Junta Directiva de World Compliance.

Pero luego está el original, el que le acusa de fraude fiscal y falsificación de documentos. «Absolutamente convencido de que será utilizado procesalmente para argumentar vulneración de derechos fundamentales», afirmó este viernes en Al Rojo Vivo el exmagistrado Juan Pedro Yllanes.

Eso sí, algunos creen que incluso podría quedar en libertad al considerar que la revelación afecta a su derecho a la legítima defensa. «Podrás decir que es obtenido ilegalmente y que, por tanto, es una prueba que contamina a las demás. Esto podría provocar la nulidad del procedimiento”, explica Felipe García.

Un escenario que ya abandonó el Gobierno, concretamente el Ministro para la Transformación Digital Óscar López: «Si son capaces de condenar a alguien sin pruebas, ¿qué sigue? ¿Liberar a alguien con todas las pruebas?». En este caso, impedir que una persona pague los más de 350.000 euros que defraudó a Hacienda.

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