El Pleno del Congreso debatirá y votará el jueves 27 de noviembre los objetivos de Estabilidad presupuestaria y de la deuda pública para todas las administraciones entre 2026 y 2028, que es el paso previo a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado de 2026sin que existiera mayoría suficiente para que fueran aprobados ante la oposición de PP, Vox y Junts.

El Consejo de Ministros aprobó este martes los objetivos de estabilidad junto con el límite de gasto no financiero, lo que se conoce como ‘techo de gasto’ del Presupuesto 2026 y que no se somete a votación en el Parlamento, sólo los objetivos de estabilidad presupuestaria. Éstos sirven de hoja de ruta en materia de deuda y déficit para la Administración General del Estado, las autonomías, las entidades locales y la Seguridad Social.

El Gobierno decidió aumentar el Techo de gasto en el récord de 216.177 millones en 2026 y prevé un déficit del 2,1% en 2026 para todas las administraciones. Las comunidades autónomas podrían incurrir en un déficit del 0,1%, como se propone en la última senda de déficit, lo que equivale a un margen fiscal de unos 5.484 millones de euros.

El PP y Vox siempre se han opuesto a los cuatro objetivos de estabilidad que el Gobierno ha presentado en la legislatura. Por su parte, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, advirtió que si la propuesta de déficit para las autonomías es la misma que hace un año votarán en contra como ya hicieron en 2024: «Si presenta lo mismo, tendrá el mismo voto que el año pasado».

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que el Parlamento «es soberano» para decidir si se aprueban o no los objetivos, pero ha defendido que «merece la pena» presentar esos objetivos e intentar avanzar en la tramitación de los Presupuestos. «Es el compromiso del Gobierno», indicó en declaraciones al ‘Parlamento’ de RNE, reseña Europa Press.

El Ministerio de Hacienda se ha fijado un límite somete a votación los objetivos de estabilidad hasta dos veces en el Congreso, y si son rechazados en ambas ocasiones, el Gobierno continuará con la presentación de los Presupuestos de 2026 utilizando la senda de estabilidad que envió a la Comisión Europea en 2023 en el marco del programa de estabilidad.

Esta artimaña ya fue avalada por la Fiscalía del Estado cuando el Senado tumbó en dos ocasiones los objetivos de estabilidad en 2024 y los devolvió al Consejo de Ministros.

Y si la senda del déficit, en cambio, supera la prueba del Congreso, será enviada al Senado, donde su futuro es derribo, dada la mayoría absoluta del PP. Eso sí, el PSOE y Sumar ya han modificado la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el veto de la Cámara Alta no sea irreversible a su regreso al Congreso.

Mediante una enmienda incluida en la Ley de Paridad, se modificó la legislación para que, en caso de rechazo por parte del Senado, ya no fuera necesario empezar de nuevo desde el Consejo de Ministros, sino que bastaría con regresar al Congreso y ser aprobado por mayoría simple.

Montero prevé presentar las cuentas en 2026

Así, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo en la presentación de la senda del déficit que confía en poder presentar en el Congreso el proyecto de Presupuestos 2026 a principios o mediados del primer trimestre del próximo año, de modo que las cuentas públicas puedan aprobarse a lo largo del mes de abril o mayo.

Junto a este techo de gasto histórico que incluye recursos de los fondos europeos, el Gobierno ha dado luz verde a la senda fiscal hasta 2028, que pasa por reducir el déficit de todas las Administraciones Públicas del 2,1% en 2026, al 1,8% en 2027 y al 1,6% en 2028.

Por subsectores, se ha fijado un déficit del 0,1% del PIB para las comunidades autónomas en los años 2026, 2027 y 2028, mientras que para los municipios se ha fijado como objetivo la estabilidad presupuestaria en ese periodo. Para la Administración General del Estado, el déficit disminuiría del 1,8% en 2026, al 1,5% en 2027 y finalmente al 1,4% en 2028; mientras que la Seguridad Social tiene un déficit del 0,2% en 2026 y 2027 y del 0,1% para 2028.

Por el lado de la deuda pública, el Gobierno ha aprobado el objetivo para las administraciones públicas que será el 100,9% del PIB en 2026, el 100% en 2027 y el 99,1% en 2028. Finalmente, la regla de gasto se fija en el 3,5% en 2026, el 3,4% en 2027, el 3,2% en 2028.

En cuanto a los ingresos tributarios, Montero espera que cierren el año 2025 por encima de los 325.000 millones de euros y estima que, en 2026, subirán en torno al techo de gasto, es decir, el 8,5%, lo que dejaría la cantidad en 2026 en un nuevo récord de más de 350.000 millones.