La combinación de ambas cifras –más ventas y mayores precios– tiene claros beneficiarios: las administraciones públicas. Y si los ayuntamientos reciben importantes cantidades de dinero con recalificaciones de suelo, o licencias de construcción; Las autonomías también se benefician de los ingresos que obtienen del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales que se aplica a las ventas de segunda vivienda. Y el Estado central, lo mismo, ya que se beneficia del IVA del 10% que se cobra por la compraventa de viviendas nuevas, así como del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que se paga por las plusvalías que se generan al vender estas viviendas.

Lo vimos y lo vivimos en el estallido de la burbuja inmobiliaria. Los ingresos vinculados a la construcción y venta de viviendas cayeron más de un 70% entre 2007 y 2013, lo que nos dice que debemos aprender la lección y evitar vincular gastos estructurales a los ingresos que se están produciendo de forma extraordinaria por el aumento de la venta de viviendas y su construcción.

Las cifras son elocuentes. Sólo en los siete primeros meses del año los ingresos regionales ligados a la compra-venta de vivienda se han disparado casi un 22%, superando los 8.000 millones de euros. Quizás lo que deberían hacer las administraciones es bajar los tipos de estos impuestos, al menos para la compra de una primera vivienda, para facilitar el acceso a la misma, especialmente a los jóvenes, y no aprovechar esas mayores rentas para gastar más en otras partidas.

Hay que recordar que antes del estallido de la burbuja, en 2007, el tipo de IVA que se pagaba por la compra de vivienda libre era del 7%, y por la de vivienda protegida, del 4%. Además, los compradores podrían deducirse cada año del IRPF el 15% de la hipoteca, hasta un máximo de 9.000 euros. Estos tipos se elevaron tras la gran recesión para cubrir todo el agujero generado por el desplome de las rentas ligadas al sector inmobiliario, pero nunca se han vuelto a bajar. El Instituto de Estudios Económicos (IEE), un think tank vinculado a la CEOE, presentó hace unos meses un informe en el que denunciaba la elevada fiscalidad de la vivienda en España, una de las más altas de Europa. El IEE cifra los ingresos que reciben todas las administraciones por concepto de vivienda en 52.200 millones anuales, el 3,5% del PIB español y el 18% de la recaudación tributaria total. Con el boom que estamos empezando a vivir, estas cifras van creciendo.

En este entorno, la ministra Montero llevó esta semana al Consejo de Ministros su propuesta de incrementar el techo de gasto un 8,5%. Lo presentó como un caramelo para ciudadanos y comunidades. Sería mejor que ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno central, en lugar de disparar el gasto, aprovecharan las vacas gordas para sanear sus cuentas y deuda y estar bien preparados para cuando la economía no crezca tanto.