El abogado de Manos Limpias en el caso contra Begoña GómezCarlos Perales, renuncia a la defensa de la asociación considerando que no responde a criterios legales sino que ingresa en el terreno del «controversia política y mediática«.

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, el letrado ha señalado que, «lo que inicialmente se configuraba como un encargo jurídico de carácter estrictamente técnico, orientado a la correcta interpretación y aplicación de la Ley, con el objetivo de obtener una resolución judicial basada en la verdad material y el derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 24 de la Constitución Española, se ha ido transformando en un asunto cuya presentación y tratamiento exceder el marco legal situarse en el campo de la polémica política y mediática».

Agrega que en el transcurso de los acontecimientos se ha podido observar «cómo las decisiones estratégicas en materia de litigios ya no se inspiran principalmente en la lógica procesal o en la solidez de los argumentos jurídicos, sino que responden, en gran medida, a consideraciones de oportunidad política, Impacto en la opinión pública o posicionamiento ideológico.«.

A su juicio, esta evolución es «legítima desde la perspectiva de la propia Asociación, que puede valorar la conveniencia de orientar sus acciones hacia un nivel reivindicativo o mediático», pero desde la perspectiva de esta firma profesional es «incompatible con la praxis que rige el ejercicio del derechofundada en la independencia, el rigor técnico y la estricta sujeción a criterios legales objetivos».

«No se puede obviar que el Código Ético de la Abogacía española impone al abogado el deber de actuar con plena independencia, preservando la función social de la Abogacía frente a presiones o intereses ajenos al proceso», explicó.

De esta forma, señala que «la utilización del procedimiento judicial como instrumento para la obtención de fines de carácter político, ajenos a la estricta resolución de la controversia planteada, coloca al abogado en una posición que compromete dicha independencia y, en definitiva, erosiona la confianza en la función técnica que debe desempeñar». Asimismo, destaca que «La promoción no se puede confundir con el activismo político. ni con la estrategia de comunicación pública».

«El abogado debe actuar como operador jurídico, no como agente político o portavoz mediático. Mantener la dirección jurídica en un escenario en el que los tiempos y mensajes se diseñan más en términos de impacto público que de efectividad procesal, significaría para este despacho romper el mandato profesional asumido y diluir la frontera esencial entre la defensa técnica del Derecho y la instrumentalización política del proceso», concluye.

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