LORCA (MURCIA), 25 (PRENSA EUROPA)

El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, ha dado instrucciones a la Secretaría General de la Administración local para que el Ayuntamiento comparezca en el expediente abierto en los Juzgados contra el presunto ‘tyronero’ de Plaza Real para quien se ha solicitado su expulsión inmediata del país.

Así lo ha anunciado este martes la alcaldesa de Régimen Interior, Belén Pérez, quien ha dejado claro que «no queremos delincuentes extranjeros y vamos a actuar para que sean devueltos a su país y que no puedan volver a Lorca».

Pérez ha asegurado que «esta es la primera vez que la Administración local exige una expulsión», basándose en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el 57.2 de la Ley de Extranjería y el 89 del Código Penal.

La intención, avanza, es «comparecer en todos los casos de este tipo, ya que los delitos que supuestamente se le atribuyen están entre los que pueden motivar la expulsión, el robo con violencia, por lo que vamos a ser implacables en ésta y otras situaciones idénticas que se produzcan en el futuro».

Explica que los delitos contra la propiedad, los robos con violencia, los robos con fuerza sobre las cosas, «son constitutivos de expulsión de nuestro territorio, por lo que vamos a ser inflexibles exigiendo que todo el peso de la Ley recaiga sobre esta y otras personas que actúan de la misma manera».

Esta Ley, recordó, también incluye entre los supuestos para obligar a las personas a salir del territorio nacional los delitos de falsificación de documentos, uso de pasaportes falsos y registros ficticios. «También vamos a estudiar comparecer en estos casos», afirma.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo aclara que la existencia de residencia legal «no impide la expulsión. Serán deportados y estarán sujetos a una prohibición de retorno que puede durar diez años. La expulsión por delitos penales es una realidad jurídica que afecta cada vez a más extranjeros en España. Hay que acabar con la impunidad».

Y ha añadido que «los condenados a pena privativa de libertad inferior a un año podrán ser expulsados, ya que se tiene en cuenta la sanción prevista en el Código Penal español, que no admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, al tratarse de una transposición de normativa europea, decidida a nivel comunitario».

El Ayuntamiento “ha aparecido como perjudicado, ya que este tipo de actuaciones generan alarma social, con independencia de que se haya cometido un delito contra una persona del municipio. Un robo mediante el uso de la violencia o la intimidación, en el que la víctima incluso sufre daños o lesiones”.

«Es un aviso a los navegantes de que no vamos a permitir que se altere el curso normal de la vida en nuestro municipio. Y quienes decidan hacerlo tendrán que afrontar la expulsión de nuestro país, porque así lo vamos a exigir», advierte.

Asimismo, ha manifestado que también son motivo de expulsión otros casos que se tendrán en cuenta a partir de ahora. «Entre los delitos que pueden motivar la expulsión, además del que nos referimos, contra la propiedad, los robos con violencia, los robos con fuerza sobre las cosas, también están los contra la seguridad vial, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas cuando exista reincidencia o resultado lesivo. Y los delitos de falsificación de documentos, utilización de pasaportes falsos y matriculaciones ficticias.»

El concejal ha advertido que «existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el permiso de residencia. La existencia de residencia legal no impide la expulsión si se cumplen los requisitos del artículo 57.2 al que nos hemos referido».

Estas expulsiones, advierte, «se están multiplicando y no sólo en nuestro país. Hace apenas unos días Chile expulsó a 69 extranjeros que habían cometido delitos. Lo hizo en un vuelo chárter, con destino a Colombia y Perú. Es, como dije, la primera vez que aparecemos, pero a partir de ahora será la dinámica a seguir».