el informe sobre «Sistemas de pensiones comparados: ¿Qué puede aprender España de Alemania, Suecia y Chile?» Destaca el creciente estrés financiero que sufren los jubilados en nuestro país y que poco a poco se está trasladando al ámbito político, «un lugar en el que se está poniendo en entredicho el pacto intergeneracional de distribución de la renta». Los expertos proponen, por tanto, mirar «otras latitudes en busca de soluciones alternativas que otros países han adoptado para garantizar la sostenibilidad y suficiencia de sus sistemas de pensiones».

Recuerdan que Alemania está inmersa en un proceso de reformas que está generando un fuerte debate social. Los principales cambios que se están implementando en el país han sido «anclar el nivel de las pensiones a la evolución del salario medio alemán», además de un aumento de contribuciones sociales, como ha ocurrido en nuestro país. También se ha creado un fondo de inversión pública cuyos rendimientos cubren parte del coste de las jubilaciones y se han acumulado activos desde temprana edad para sostener los ingresos en la vejez. El modelo, sin embargo, no es convincente porque implica un aumento del déficit.

«A pesar de los esfuerzos, las recientes medidas en Alemania no harán más que aumentar el déficit actual del sistema», lo que, según los autores del trabajo, «pone en entredicho a este país como referente para España en términos de sostenibilidad del primer pilar».

Un ejemplo recurrente

El caso de Suecia es un modelo frecuentemente recomendado por organizaciones y expertos, como los de Fedea. Suecia llevó a cabo una reforma integral en 1994 que mantuvo el elencopero introdujo elementos de capitalización virtual, logrando asegurar la sostenibilidad financiera. A grandes rasgos, las modificaciones consistieron en un sistema de cuentas nocionales en el que cada trabajador acumula un saldo virtual con todos tus aportes en una cuenta individual. El saldo (nocional) es lo que determina cuánto puedes cobrar en el futuro, junto con tu esperanza de vida.

El modelo se completó con la implementación de un mecanismo automático que reevalúa automáticamente las cuentas virtuales, ajustando el gastos del sistema a sus ingresos y se implementó un incentivo al ahorro individual obligatorio a través de beneficios fiscales en los planes de pensiones de las empresas.

Información, clave

Cada año, la Agencia Sueca de Pensiones envía a todos los trabajadores el conocido «En naranja», un informe personalizado que resume el saldo acumulado en sus cuentas individuales, los aportes realizados, el desempeño de las inversiones y una estimación de su futura pensión. Esta práctica no sólo facilita que cada persona conozca de forma clara y sencilla el estado de su ahorro previsional, sino que convierte al ciudadano en un actor informado, capaz de tomar decisiones basadas en datos transparentes y actualizados.

«El contraste con España es evidente. En España, las reformas son continuas, a menudo reactivas, y los cambios en las reglas de cálculo tienden a ser mal comprendidos por el ciudadano medio», afirma el estudio. Y añade que «la consecuencia es una sentimiento de incertidumbre y desconfianza hacia el futuro de las pensiones, desconfianza que dificulta la planificación a largo plazo». Concluyen que Suecia demuestra que la transparencia, cuando se convierte en norma, puede reforzar la legitimidad del sistema y reducir las tensiones intergeneracionales.

Priorizar el ahorro acumulado

El tercer ejemplo citado en el informe es Chile, país que reformó su sistema de reparto en 1981, implementando otro de capitalización individual pura, donde los ingresos jubilatorios provienen del ahorro acumulado. En este país se creó un sistema de ahorro privado obligatorio en el que las cotizaciones sociales se acumulan en las cuentas individuales de los trabajadores. También fueron creados agentes financieros se implementaron programas especializados cuyo objetivo es invertir los ahorros de los trabajadores y se implementaron incentivos fiscales para incrementar el ahorro individual voluntario para el retiro.

El pilar chileno de la solidaridad

El sistema chileno también cuenta con un pilar solidario que se lanzó en 2008 y se amplió en 2022. La llamada pensión universal garantizada (PGU) es una prestación no contributiva financiada por los Presupuestos Generales del Estado. Cubre aproximadamente al 90% de la población mayor de 65 años (se excluye el decil de mayores ingresos), independientemente de si han cotizado o no. Es un beneficio similar al pensión garantizada en Suecia o a los no contributivos en España.

«El modelo chileno presenta un menor gasto público directo en pensiones y una mayor acumulación de activos, con menores tasas de reemplazo», señala el estudio. Además, explica que «la redirección de los ahorros de los trabajadores al sector productivo ha provocado endógenamente un crecimiento económico que no se habría producido sin el sistema de pensiones de capitalización». Por tanto, el sistema chileno constituye «un caso de estudio relevante que puede ofrecer lecciones útiles para la reforma del sistema de pensiones en España».