Y el foco, no es nuevo, está esencialmente en el sistema de pensiones, que aparece en todos los informes que evalúan la sostenibilidad fiscal futura del país como una especie de ‘armagedón’. La OCDE juzga que la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno supuso avances en algunos aspectos como los incentivos para prolongar la vida laboral más allá de la edad de jubilación, pero no resolvió su problema principal: la proyección de gastos por prestaciones de jubilación sigue superando la capacidad de los aportes para generar ingresos.

la organizacion internacional considera inevitable que España acometa otra reforma de las pensiones a corto plazo y en su informe plantea un montón de propuestas que según sus cálculos podrían ahorrar hasta 40.000 millones de euros a las arcas públicas.

Algunas de las enumeradas este miércoles por el secretario general de la OCDE forman parte del recetario habitual de la institución. «Relacionar la edad de jubilación con la esperanza de vida «O tener en cuenta los primeros años de carrera laboral a la hora de calcular la pensión es algo que ya hacen la mayoría de los países avanzados y que serviría para afrontar pagos más sostenibles en el futuro», afirmó Mathias Cormann, reiterando sus ya conocidas propuestas para recuperar el Factor de Sostenibilidad derogado por el Gobierno de Pedro Sánchez, que exigía adaptar los parámetros más relevantes del sistema como la edad legal de jubilación a la evolución de la esperanza de vida; y que la pensión de jubilación se calcule en base a los últimos 35 años cotizados, no en base a los últimos 25 como ahora.

Que las subvenciones no contribuyen

Pero en su último informe la institución ha ido un paso más allá y ha apuntado directamente a la polémica Subsidio especial para desempleados mayores de 52 años.que entre otras cosas garantiza a sus beneficiarios un sobrepago a la Seguridad Social del 125% de la base mínima del sistema para gravar lo menos posible su futura pensión, aunque con efectos negativos sobre las expectativas o los incentivos a buscar empleo, como uno de los aspectos que puede incrementar la factura de las pensiones.

La institución ve preocupante que, coincidiendo con su reactivación allá por 2019, el tradicional La concentración de subsidiados mayores de 50 años ha pasado del 52% al 70%con niveles marginales de reintegración al mercado laboral. Su conclusión es que «el diseño de las prestaciones por desempleo sigue generando importantes desincentivos para los trabajadores de más edad» y, para diluirlos, aboga por impedir que la parte asistencial de la protección por desempleo genere derechos de pensión.

Esta medida por sí sola supondría un ahorro de unos 10.500 millones de euros a medio plazo para las arcas públicas, según los cálculos que incluye la OCDE en su último informe sobre España. El ajuste de la edad de jubilación a la esperanza de vida reduciría el gasto en pensiones a medio plazo en otros 15.000 millones de euros y los 40.000 millones de ahorro de su plan para España se redondearían con la 13.500 millones para ampliar el periodo de cotización a 35 años que se tiene en cuenta para calcular la pensión.

Ajustes a corto plazo

Las preocupaciones de la OCDE sobre la situación en España también son coyunturales. En los últimos años viene recomendando insistentemente que el Gobierno de España aproveche la vigorosa marcha de la economía para acelerar la reducción de sus desequilibrios fiscales y crear lo que llama un «colchón fiscal» para hacer frente a futuras crisis.

Aunque el Gobierno se jacta de haber seguido una política fiscal prudente y responsable, nunca ha convencido del todo al organismo que ha repetido esa recomendación año tras año. Su último informe ha reiterado la cuestión, pero con alguna advertencia adicional. El primero mira al largo plazo y advierte que «con las políticas actuales, la relación deuda/PIB aumentará sustancialmente a partir de 2040 como consecuencia de los costos del envejecimiento de la población». El segundo es más preocupante porque afecta en el corto plazo, la política fiscal que este gobierno o el que le suceda tendrá que abordar en los próximos años, y que según el documento difundido este miércoles por la OCDE obligará a España a «frenar el aumento del gasto en pensiones, reducir el gasto ineficiente y mejorar los ingresos fiscales» Si quieren, conseguirán los objetivos de reducción de la deuda pública y del déficit a los que se comprometió el Gobierno ante Bruselas.

El Ejecutivo se comprometió ante la Comisión a que España reduciría su déficit público hasta el 0,8% del PIB y su deuda pública hasta el 90,6% en 2031 y que lo haría modulando la evolución de su gasto público según una secuencia cuyo cumplimiento La Comisión Europea ya ha cuestionado este pasado martes. El informe de la OCDE advierte, sin embargo, que a día de hoy no hay medidas en el horizonte para apoyar la consecución de estos objetivos y que bajo los parámetros actuales serán inalcanzables, a menos que el país emprenda un duro ajuste.

Estas preocupaciones no impidieron a Cormann calificar ayer de «impresionante» el comportamiento de la economía española en los últimos años o respaldar que el PIB aumentará un 2,9% este año y un 2,2% el próximo.