La Europa que tenemos y la que está de camino
El pasado martes, día 25 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitía sentencia por la cual los matrimonios celebrados en Estados donde se reconoce el derecho legal al matrimonio entre ciudadanos del mismo sexo deben ser reconocidos como tales en cualquier otro Estado, hayan o no incorporado en su legislación nacional tal derecho. La sentencia respondió a una cuestión prejudicial de un tribunal polaco al que acudió un matrimonio conformado por un ciudadano del país y otro con doble nacionalidad polaco-alemana que había residido y contraído matrimonio en Alemania, unión que la administración polaca no reconoce en la medida en que el matrimonio igualitario no está amparado en la propia ley nacional polaca. Ante la disputa entre la administración polaca y este matrimonio, el tribunal polaco emitió pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha dictaminado la universalidad en territorio europeo del reconocimiento de ese matrimonio para evitar lesionar el derecho a la libre circulación y residencia de los europeos, así como el derecho al respeto a la vida privada y familiar, derechos todos ellos cuya protección se antepone a singularidades nacionales. La sentencia ha sido acogida con júbilo por todos aquellos que militamos en la defensa de los derechos civiles y vuelve a demostrar que, pese a todo, Europa sigue siendo un territorio de derechos y libertades.
[–>[–>[–>Dicho esto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ampara su sentencia en distintos artículos del Tratado de la Unión Europea, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y de la directiva 2004/38 donde se establecen las condiciones de ejercicio del derecho de libre circulación y residencia en el territorio de los Estados miembros de los ciudadanos de la Unión y los miembros de su familia. Ahora bien, ese ramillete de normas configura un acervo legal fruto de negociaciones y consensos entre los Estados y entre las distintas fuerzas políticas europeístas, a saber, populares, socialistas, liberales y verdes, que han conformado la clave de bóveda de la construcción europea. Es decir, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia sobre las leyes que los políticos, como representantes de los ciudadanos y de los Estados, han aprobado previamente y que, hasta ahora, eran el fruto de una negociación pluripartidista y, a su vez, profundamente europeísta. Y el resultado de ese trabajo ha sido la construcción de un marco legal que ampara la libertad individual y los derechos sociales, laborales y medioambientales. En definitiva, los derechos humanos.
[–> [–>[–>Sin embargo, desde el inicio del actual mandato, y por primera vez en la historia, el Partido Popular tiene en su mano la configuración de otras mayorías parlamentarias con el apoyo de los tres grupos a su derecha, que aúnan a híper-nacionalistas, fascistas, nazis, filo-trumpistas y seguidores de Putin. Y esa mayoría alternativa ha comenzado ya a dictar nuevas leyes que, un día, serán la base de futuras sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
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El pasado 13 de noviembre, el Partido Popular, junto a sus nuevos socios euroescépticos, antieuropeístas e incluso los nazis de Alternativa por Alemania, aprobó la reforma de dos directivas para disminuir el celo con el que las grandes empresas deberían cumplir sus compromisos de responsabilidad social corporativa para combatir el trabajo infantil, la discriminación laboral o el control de los daños ambientales. Y, además, el miércoles 26 de noviembre, esta coalición de derribo lo volvía a hacer con la revisión a la baja de otra norma para combatir la deforestación del planeta. Asimismo, votaron juntos para que las armas nucleares, las bombas de fosfatos blancos y otras similares pudieran ser consideradas «verdes» y beneficiarse así de un trato normativo preferente.
[–>[–>[–>De este modo, a estas alturas, no sabemos en Bruselas hasta dónde va a llegar esta nueva coalición no ya sólo extremadamente derechista, sino sin compasión alguna sobre la necesidad de revitalizar el proyecto europeo. Aún peor, hay quien habla ya en el Partido Popular sobre la necesidad de eliminar el principio de derecho primario del derecho comunitario haciendo imposible así que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita sentencias amparándose en un derecho europeo que, en derechos fundamentales, se superpone sobre las normas locales, abriendo el camino no ya a empeorar la actual paralización del proyecto europeísta, sino directamente a su demolición. Y esas voces del Partido Popular no están tan lejos de usted, querido lector, en Asturias.
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En fin, tocan tiempos complicados, de exigencias aún mayores para Europa con unas mayorías políticas cada vez más presas de quienes aspiran a bloquear nuestra Unión, que es lo mismo que nuestra democracia. Pues bien, aquí seguimos trabajando para evitarlo y contárselo, esperando pronto que la ciudadanía europea responda. Celebremos hoy la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión y estemos vigilantes sobre las nuevas leyes que se están aprobando ahora y que serán la base de sentencias futuras. Atentos. n
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