La empresa presentó el pasado miércoles 26 de noviembre el desistimiento del recurso en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, pero la entidad insiste en que no cambia la convicción de BBVA «sobre la ilegalidad de la actuación del Gobierno», confirman fuentes cercanas a la empresa, que aseguran que así se ha expresado también en la carta de desistimiento.

BBVA había presentado esta demanda meses atrás después de que el Gobierno impusiera la operación por la que la absorción de Sabadell no podría consumarse hasta al menos tres años después de la opa. En concreto, lo que hizo el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue vetar la posibilidad de que BBVA se fusionara con la entidad catalana, imponiendo la necesidad de que ambos bancos mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión.

La intervención del Ejecutivo se produjo por acuerdo del Consejo de Ministros a finales de junio y lo hizo utilizando el mecanismo legal que recoge la Ley de Defensa de la Competencia para la denominada fase tres. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) dio su visto bueno a la operación fase dos con compromisos acordados con BBVA; Después de eso, la ley permite al Gobierno revisar estas condiciones.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, elevó el caso al Consejo de Ministros y el organismo decidió imponer una condición extra a BBVA como vetar la fusión tras la opa. La batalla legal estalló entonces porque el banco vasco consideró que el Gobierno no tenía capacidad para llevar a cabo esta acción.

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