El New York Times demanda al Pentágono por violar derechos de la Primera Enmienda como el de la libertad de expresión
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el periódico New York Times Denunció este jueves Departamento de Guerra de los Estados Unidos, al Secretario de Guerra, Pete Hegsethy al portavoz principal del Pentágono, Sean Parnell, por violar los derechos constitucionales de los periodistas, como la libertad de expresión y la libertad de prensa, al imponerles un conjunto de nuevas restricciones a la información sobre el Ejército.
En la demanda, presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Washington, The Times sostiene que la nueva política del Departamento de Guerra viola la Primera Enmienda. «Busca restringir la capacidad de los periodistas de hacer lo que siempre han hecho: hacer preguntas a los empleados del gobierno y recopilar información para informar historias que lleven al público más allá de los pronunciamientos oficiales».
La nueva política de prensa, promulgada el mes pasado, exige que Los periodistas firman un formulario de 21 páginas. que establece restricciones a las actividades periodísticas, incluyendo solicitudes de información para informes y consultas con fuentes del Pentágono.
Periodistas que no cumplen Podrían perder sus credenciales de prensa, y el Pentágono se ha dado «plena discreción» para aplicar la política como mejor le parezca, afirma la demanda.
New York Times cuestiona varias disposiciones de esta nueva política, incluida una que faculta al Pentágono para consideran a un periodista un riesgo para la seguridad. Tal determinación podría depender, entre otras consideraciones, de si el periodista divulgó información clasificada o no clasificada sin autorización.
En su denuncia, el Times alega que esta política «viola los derechos a la libertad de expresión y al debido proceso» y que, si se permite que continúe, «privará al público de información vital sobre el ejército de Estados Unidos y sus líderes».
«Esta política es un intento de ejercer control sobre la información que no le gusta al Gobiernoen violación del derecho de la prensa libre a buscar información bajo sus derechos de la Primera y Quinta Enmienda protegidos por la Constitución», dijo el portavoz del New York Times, Charlie Stadtlander, en un comunicado.
Él New York Times solicita una orden judicial para suspender la aplicación de estas normas y declarar ilegales las disposiciones que «afectaron el ejercicio de los derechos protegidos por la Primera Enmienda».
Éxodo mediático
Al menos 30 medios de comunicación y agencias como Fox News, Washington Post o Reuters decidieron renunciar a sus credenciales de prensa en octubre en lugar de firmar la nueva política, al considerarla una amenaza la libertad de prensa y su capacidad para escribir noticias independientes sobre el ejército.
Después de este éxodo de los medios tradicionales, la Pentágono reunió un nuevo grupo de prensa compuesto en gran parte por medios e individuos pro-Trump.
Entre ellos se encuentra el activista Laura Loom; LindellTV, un sitio de noticias digitales dirigido por el teórico de la conspiración electoral Mike Lindell; y James O’Keefe, quien fundó el grupo de derecha Project Veritas y ahora dirige O’Keefe Media Group.
El martes pasado, el Pentágono organizó su primera reunión informativa con este grupo, durante la cual el secretario de prensa Kingsley Wilson atacó a los medios de prensa tradicionales que se marcharon.
«El pueblo estadounidense no confía en estos propagandistas porque dejaron de decir la verdad». Wilson dijo a los asistentes.
Associated Press, antecedentes
Sigue la acción del New York Times una demanda presentada en febrero por Associated Press contra tres asesores de Trump después de que la Casa Blanca limitara el acceso de la agencia de noticias a las reuniones de prensa.
The Associated Press recibió este ‘castigo’ de la Administración Trump por seguir utilizando el nombre de Golfo de México, en lugar del Golfo de América establecido por una orden ejecutiva de Trump.
La agencia denunció que este tipo de restricciones son una intentar obligar a la prensa a utilizar el lenguaje utilizado por la Administración, violando derechos constitucionales como la libertad de expresión.
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