El Ministerio de Sanidad ha ampliado la investigación que ordenó a la Alta Inspección sobre el Hospital de Torrejon al resto de centros madrileños de gestión privada, operados en este caso por el Grupo Quirón, que en los últimos años han aumentado su presupuesto «de forma absolutamente obscena».

Así lo anunció la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que presentó el ‘Informe 2025 sobre la evaluación de la sanidad privada en el Sistema Sanitario Español (SNS)’, que alerta de la creciente dependencia del sistema sanitario español de los centros de gestión privada.

García ha negado que lo ocurrido en el Hospital de Torrejón sea una «riña entre directivos» como dijo la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y ha extendido sus sospechas al resto de centros públicos de gestión privada porque es un «modus operandi que intenta parasitar nuestro sistema público a través de la cuenta de resultados de las empresas privadas» especialmente en Madrid, y también en la Comunidad Valenciana.

Por este motivo, Sanidad ha optado por ampliar la investigación que abrió al Hospital de Torrejón tras la publicación del audios del director general de Ribera Salud que lo gestiona, Pablo Gallart, en el que ordena al resto de hospitales de gestión privada aumentar las listas de espera y descartar los procesos más caros. «Sabemos que Esto no pasa sólo en el hospital de Torrejónsino que es el modus operandi y el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid», ha subrayado Mónica García.

A su juicio, «Ribera Salud y Quirón son dos caras de una misma moneda» de un «sistema perfectamente aceitado que necesita connivencia y complicidad, en este caso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que en los últimos años ha inyectado a este colectivo más de 5.000 millones, es decir, el equivalente al presupuesto de sanidad de un año entero», añadió.

De esta forma, respecto al Hospital de Torrejón, la Alta Inspección ha requerido a la Comunidad de Madrid información detallada sobre las investigaciones que ella misma inició tras estallar el escándalo, las auditorías económicas y de gestión de los últimos 4 años y las actas de la Comisión Mixta entre la Comunidad de Madrid y Ribera.

También quiere las quejas por escrito de los cuatro directores presuntamente despedido por denunciar las órdenes y «otros escritos o alertas de profesionales, sindicatos, directivos sobre la gestión del hospital, sus listas de espera, los datos mensuales de atención a los pacientes» que eran de otra área sanitaria y «cualquier otra información relevante para esclarecer estos hechos».

Y a los de Quirón les ha pedido los expedientes del modificaciones presupuestarias para 2023, 2024 y 2025 con sus informes justificativos; las auditorías económicas y de gestión de los últimos cuatro años «a las que estén obligados por contrato»; las actas de la Comisión Mixta y «toda la información relevante que sea necesaria para poder investigar a fondo lo que está pasando en estos hospitales».

«Nuestro objetivo es muy claro, que es garantizar la transparencia, evaluar si se ha hecho un uso adecuado del dinero público y proteger el buen funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud», concluyó. Para ello, ha recordado, el Ministerio trabaja en la derogación de la Ley 15/97 que permitía la entrada de colectivos privados en la sanidad pública a través de la Ley de Gestión Pública que espera llevar al Consejo de Ministros a principios del próximo año que «protege un modelo eminentemente público».

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