El objetivo del Gobierno es condonar más de 83.000 millones de euros de deuda a las comunidades autónomas, como parte del acuerdo que el PSOE alcanzó con ERC a cambio de sus votos para investir a Pedro Sánchez en noviembre de 2023. El Ejecutivo espera que las regiones se ahorren 6.700 millones de euros en intereses. Y que tengan mejor acceso a los mercados.

Al desarrollar la norma correspondiente, El Tesoro tenía previsto individualizar los tramos de deuda a condonaracordando con los gobiernos regionales. Sin embargo, María Jesús Montero finalmente ha decidido generalizar cómo se va a aplicar la remisión y recurrir a una especie de café para todos Dados los problemas que daba esta fórmula.

Cabe recordar que la mayor parte de la deuda pública contraída por las regiones es con el Estado, específicamente a través del Fondo Autónomo de Liquidez (FLA).

Según explica Hacienda, el Estado asumirá esta deuda «anulando o amortizando los saldos pendientes de los préstamos con FLA hasta alcanzar el importe asignado a dicha comunidad».

«Comenzará con los préstamos más antiguos hasta 2019«, pudiendo ser cancelado o amortizado en su totalidad.

A partir de ahí, y si la autonomía correspondiente aún tuviera margen de condonación, Comenzaría con las cantidades del 2024. “Luego se pasaría a 2023, 2022, 2021 y 2020, sucesivamente y si fuera necesario”, añaden.

Ésta es la fórmula general que se ha tenido que establecer antes la negativa de las autonomías del Partido Popular (la mayoría) a negociar con el equipo de María Jesús Montero los tramos sobre los que se aplicaría la condonación.

Por otro lado, en el caso de que las regiones no tengan deuda con el Estado (como Madrid), «se les pedirá que transfieran a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional el datos de tu cartera de deudas con terceros«.

Tras seleccionar las operaciones que podrán formar parte de la condonación, «la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) acordará que el Estado se subroga en la posición deudora de estas autonomías». Sí, de hecho: Para ello será necesario el «consentimiento previo de los acreedores», de los mercados privados.

La polémica medida nació del citado pacto entre el PSOE y ERC. El Estado perdonaría el 25% de la deuda de la Generalitat de Cataluña con el Estado a cambio de que los republicanos catalanes apoyaran con sus votos la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, como así fue.

Finalmente, la medida se ha extendido a todas las autonomías. El proyecto de ley inicia una ruta parlamentaria en la que podrá sufrir cambios, tal como admiten fuentes cercanas al texto.

En este sentido, Junts ya ha aprobado la medida. Pero seguro que los hombres de Carles Puigdemont exigirán lo suyo pinceladas en el texto.

Sin embargo, Hacienda da por sentado que se superará el trámite legislativo. Y que todas las regiones se unan a la condonación de la deuda. Una iniciativa que, por cierto, Se gestionará en paralelo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado y a la nueva financiación autonómica.