Acciona, Adif, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)Servinabar y Carreteras Estatales Forman parte del grupo de entidades y empresas que UCO se ha colocado en el centro de la investigación por presunto fraude en la adjudicación de obras públicas, mejor conocida como la ‘Caso Cerdán‘ que ya afecta de lleno al Gobierno.

En el núcleo económico de esta posible red se encuentran Acciónuno de los gigantes de la construcción en España, y Servinabar 2000 SLuna pequeña empresa navarra que, según los investigadores, habría actuado como intermediaria para canalizar pagos irregulares.

El UCO analizar al menos cinco premios de obra pública supuestamente amañado a favor de esto Unión Temporal Empresarial (UTE).

El método habría sido constante: Servinabar cargó un 2% de comisión sobre el importe de las obras adjudicadas a la constructora presidida por Entrecanales, generando así 6,7 millones de euros en ingresos que los investigadores consideran irregulares.

Las cifras clave incluyen Antxon Alonsosocio de Servinabar —arrestado el jueves como parte de la nueva fase de la operación—, y Santos Cerdánexsecretario de Organización de la PSOEcuya presunta participación en un 45% de la empresa está siendo investigado.

La conexión entre este circuito empresarial y el ámbito institucional pasa por Koldo Garcíaex asesor de José Luis Ábalosexministro de Transportes, que según la UCO habría utilizado su influencia favorecer a determinadas empresas en los procesos de adjudicación dependientes del Ministerio de Transporte.

Koldo, actualmente en prisiones señalado como el intermediario político que abrió puertas, ejerció presión y facilitó el éxito de contratos millonarios.

Las adjudicaciones sospechosas se concentran en organizaciones clave del Ministerio de Transporte: ADIF y Carreteras estatales. Estas entidades gestionan algunos de los contratos más voluminosos y estratégicos del país.

En este nivel la figura de Isabel Pardo de Veraex presidente de ADIF, acusado por cinco delitos graves, entre ellos malversación de fondos y tráfico de influencias. La UCO lo vincula a premios que Habrían favorecido a empresas vinculadas a Koldo García.

Uno de los contratos analizados es especialmente significativo: una adjudicación de 342 millones de eurosque incluye un montón de 92,4 millones para una UTE en la que participó Accióncon destino a obras en Logroño.

El SEPI También ha quedado atrapado en esta derivada del caso. El arresto ayer de su ex presidente, Vicente Fernández Guerreroha añadido un elemento de alto voltaje institucional. Después de dejar la presidencia del SEPIFernández fue contratado en 2021 por Servinabar 2000 SLla empresa investigada por gestionar comisiones del 2%.

La UCO también ha registrado Sepides, Enusa y Mercasaempresas vinculadas a la SEPI, lo que indica que los investigadores sospechan que la red de irregularidades podría haber llegado a múltiples empresas estatales.

Con las detenciones simultáneas de Antxon Alonso y Vicente Fernández, Los investigadores creen que la supuesta red está lejos de ser un caso aislado.

La causa -bajo secreto de sumario- investiga presuntos delitos de Prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y organización criminal..

Un escándalo que ya trasciende el Caso Cerdán

La fotografía que emerge es la de un marco en el que Empresas del IBEX, empresas publicas, posiciones estatales y asesores autoridades ministeriales habrían actuado en paralelo a Influir en la adjudicación de grandes obras..

Aunque la investigación continúa, el alcance institucional del caso ya es evidente. La trama de obras públicas afecta a organismos dependientes del Gobierno y apunta a decisiones adoptadas en los últimos años en el marco del Ministerio de Transporte.

Lo que parecía una ramificación del caso de las máscaras adquiere ahora su propio peso político y amenaza con convertirse en uno de los episodios más delicados de la contratación pública española de la última década.