Día clave para el futuro judicial por Leire Diezpor Vicente Fernández y Antxton Alonso. Para el ex militante del PSOEpara el expresidente de la SEPI y para quien fuera socio del exlíder socialista Santos Cerdán. Para los tres, detenidos por presuntas irregularidades en contratos públicos, que gastan a disposición judicial ante Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional.

Será él quien decida si los envía o no a prisión provisional. Será él quien decida, una vez escuchados sus respectivos testimonios, si los envía. a la cárcel o si por el contrario son puestos en libertad tras su detención el pasado miércoles por agentes policiales la UCO de la guardia civil tras órdenes separadas del juez, que mantiene las investigaciones bajo secreto de sumario.

Es la Fiscalía Anticorrupción la que ha impulsado el caso, en el que presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y organización criminal.

Díez, quien declaró el 17 de noviembre ante el juez que tuvo dos reuniones con Cerdán, indicó que todo fue como periodista y que no tiene relación con el partido. También negó haber ofrecido favores.

Repasó su vida laboral indicando que se incorporó a Enusa en 2018 y estuvo hasta 2021, cuando se fue de excedencia voluntaria a Correos como responsable de Relaciones Institucionales. Las dos empresas dependen de la SEPI.

Según el juez Arturo Zamarriego, el exsocialista «lidera una acción criminal continua y coordinada» con el objetivo de «recopilar información comprometida o irregular cancelar o desperdiciar casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Vicente Fernández, por su parte, es presidente de la SEPI desde que el Gobierno así lo decidió en 2018. En 2019 dimitió de ese cargo por su acusación en el caso Aznalcóllar, por el que se sentó en el banquillo por presunta manipulación de un concurso internacional para la adjudicación de la mina. Fue absuelto en 2025.

Su nombre aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo sobre información fiscal de Servinabar. Estos documentos detallan que Recibió un total de 68.632 euros de la empresa en 2021 y 33.251 en 2023. Resulta que en 2022 se retuvieron 40.800 euros.

En cuanto a Antxo Alonso, el administrador único de Servinabar afronta su segunda acusación después de que el Tribunal Supremo le investigara por el caso Koldo y por la presunta trama de manipulación de obras públicas. El empresario, que declaró el 8 de julio ante Leopoldo Puente, negó haber pagado sobornos a cambio de premios y se separó de Cerdán. Sí reconoció pagos a Koldo García por su intermediación como comisionista de proyectos privados de construcción anteriores al 2017.

Alonso defendió que siempre ha sido socio único de Servinabar, invalidar el contrato privado de compraventa encontrada por la Guardia Civil donde se afirma que Cerdán adquirió 1.350 acciones (45%) de esa empresa por 6.000 euros, lo que se llevó a cabo con obras del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.

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