Un audio destapa las maniobras de Koldo y un oficial de la Guardia Civil imputado para ayudar a un empresario en Argelia
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero cobró mordidas a cambio del rescate de la empresa vasca Tubos Reunidos (TR), según ha adelantado El Mundo y ha podido confirmar esta redacción de las fuentes consultadas. Precisamente, el Consejo de Ministros aprobó en 2021 el rescate por un total de 112,8 millones a esta sociedad, ubicada en la localidad de Amurrio (Álava).
[–>[–>[–>Las citadas fuentes apuntan también a la posibilidad de que Fernández Guerrero, que amasó un importante patrimonio tras su salida de la SEPI, hubiera utilizado para estos cobros a la empresa navarra Servinabar 2000, que la Guardia Civil atribuye al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y al empresario Antxon Alonso.
[–> [–>[–>Más de 100.000 euros
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En este sentido, el expresidente de la SEPI aparece en la documentación que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del ‘caso Cerdán-Ábalos’ sobre la información tributaria de Servinabar 2000. En esos documentos se detalla que recibió de la empresa un total de 68.632 euros en 2021 y 33.251 euros en 2023. También consta que le fueron retenidos 40.800 euros en 2022, informa Europa Press.
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Este sábado, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, ha dejado en libertad a la exmilitante socialista Leire Díez; al empresario vasco Antxon Alonso, -‘socio’ en la empresa Servinabar 2000 del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán-, y al expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández Guerrero, después de que la fiscal Elisa Lamelas Oliván no reclamara su ingreso en prisión.
[–>[–>[–>Otro de los contratos bajo sospecha sería, completa ‘El Mundo’, la adjudicación supuestamente irregular de un contrato público de Mercasa que ascendió a 18.000 euros. Precisamente, esta empresa pública fue objeto el pasado jueves de un requerimiento de información llevado a cabo por agentes de la UCO.
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