Según fuentes de la investigación de la trama de Leire Díez a laSexta, el exsocialista, Antxon Alonso, exsocio de Santos Cerdán, y Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, están siendo investigados por cinco contratos en los que hubo adjudicaciones amañadas. En ellos, los tres se habrían compartido comisiones ilegales.

Son cinco los contratos que están siendo investigados, según dijeron a laSexta fuentes de la investigación. Entre ellos se encuentran los adjudicados a las empresas Tubos Reunidos, Enusa y Mercasa, y también los adjudicados al Parque Empresarial del Principado de Asturias y Residuos Melilla. Los contratos en los que se habrían producido fraudes ascienden a 132 millones de euros.

Díez, Alonso y Fernández también tenían un grupo de WhatsApp llamado ‘Hirurok’, que traducido del euskera significa ‘los tres’ o ‘los tres juntos’. En dicho grupo y en diversos correos electrónicos se han interceptado comunicaciones sobre sus actividades supuestamente ilícitas.

Los tres han prestado declaraciones ante el juez Antonio Piñero de la Audiencia Nacional, tras lo que han quedado en libertad con medidas cautelares tras su detención el pasado miércoles.

Liberado con medidas cautelares

Tras su visita al juzgado, la Fiscalía Anticorrupción sólo ha solicitado que seaes retirar el pasaporte, la prohibición de salir del país y que se imponen apariciones quincenales en la corte. Los tres están siendo investigados por presuntos delitos de Prevaricación, malversación de fondos, tráfico de influencias y organización criminal..

Díez y Alonso han hecho uso de su derecho a no declarar ante el juez Antonio Piña. La razón dada es que No saben de qué se les acusa ya que el caso es secreto.

El expresidente de la SEPI ha dado unas declaraciones y ha respondido a todas las partes. En sus palabras, Fernández ha reconocido que trabajó en Sevinabar y ha negado la manipulación.

Díez ya declaró el 17 de noviembre ante el juez. En su testimonio confirmó que sostenía dos encuentros con Cerdán pero todo fue como periodista. Indicó que no tiene relación con el PSOE y Negó ofrecer favores.

También repasó su vida laboral indicando que en 2018 se incorporó a Enusa y que estuvo allí hasta que en 2021 se fue de baja voluntaria a Correos. Ambas empresas dependen de la SEPI.

Según el juez Arturo Zamarriego, el ex socialista «lidera una acción criminal continua y coordinada» con el objetivo de «recabar información comprometida o irregular para anular o dilapidar casos relevantes que afectan a políticos y empresarios».

Por su parte, Fernández llegó a la presidencia de la SEPI por decisión del Gobierno en 2018. Dimitió en 2019 por su acusación en el caso Aznalcóllar, lo que lo llevó al banquillo por presunta manipulación de una licitación internacional para la adjudicación de la mina. Fue absuelto en 2025.

Tu nombre aparece en la documentación. que la Hacienda Foral de Navarra remitió al Tribunal Supremo en el marco del caso Koldo sobre información fiscal de Servinabar. Se detalla que recibió un total de 68.632 euros de la empresa en 2021 y 33.251 en 2023. Se precisa que en 2022 le retuvieron 40.800 euros.

Antxon Alonso, administrador único de Servinabar, enfrenta su segunda acusación luego de que el Tribunal Supremo lo investiga por la pieza del caso Koldo vinculada a la supuesta trama de manipulación de obras públicas. Prestó una declaración el 8 de julio y negó haber pagado sobornos a cambio de premios. Reconoció pagos a Koldo García por su intervención como comisionista en proyectos de construcción privados anteriores al 2017.

Alonso, que rompió vínculos con Cerdán, invalidó el contrato de compraventa privada que encontró la Guardia Civil y que demuestra que Cerdán adquirió el 45% de Servinabar por 6.000 euros, lo que se llevó a cabo con obras del Gobierno de Navarra por más de 75 millones de euros.

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