El nuevo libro de Benito Arruñada, «La culpa es nuestra», nace de un malestar intelectual que el autor cultiva desde hace años: la sospecha de que los males institucionales de España no son fruto de élites perversas ni de conspiraciones políticas, sino del propio ciudadano. «Somos una democracia, por eso somos lo que decidimos ser», dice. El catedrático de Organización de Empresas de la Universidad Pompeu Fabra, catedrático de la Escuela de Economía de Barcelona e investigador asociado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), desmonta, con su estilo incisivo y nada complaciente, algunos de los lugares comunes del discurso del «nuevo regeneracionismo» surgido tras la crisis de 2012 y de las posiciones intelectuales que reaparecieron proponiendo activamente medidas de cambio institucional, y que hicieron etiquetas como «capitalismo de compinches» o «el Desde el palco de Bernabéu, las tesis, a juicio de Arruñada, eran simplistas y populistas, en las que veía posiciones que conectan con la Generación del 98 y figuras como Ortega y Gasset «Es espectacular ver que la intelectualidad, que es la que moldea la opinión política, sigue cayendo en los mismos vicios con 100 años de diferencia, pero de esa manera, sin autocrítica y sin darse permiso para seguir». Frente al diagnóstico habitual que atribuye todas las responsabilidades a los partidos, señala que nuestras preferencias contradictorias y nuestra ignorancia racional nos eximen, al menos psicológicamente, de examinar las consecuencias de lo que pedimos. El elector español quiere resultados incompatibles entre sí: exigen un Estado de bienestar maximalista, pero rechazan los costes que lo harían sostenible, o exigen viviendas asequibles mientras aplauden regulaciones que estrangulan la oferta y generan un ecosistema político estancado y abonado al cortoplacismo.

¿Por qué es nuestra culpa?

Porque no es cierto que el elector no tenga dónde elegir. Si uno informara o cambiara de partido con más frecuencia, la demanda generaría una mejor oferta política.

Entonces, votamos como si fuéramos «hooligans», siempre los nuestros…

Este comportamiento tiene sus raíces en un problema estructural que él llama «ignorancia racional». En política lo óptimo desde el punto de vista individual es no informarse, a diferencia de lo que ocurre en el mercado. Si compras un teléfono móvil, estás informado y asumes los costes y beneficios de tu decisión. Sin embargo, en política, si gastas muchos recursos en información para mejorar tu decisión de votar, los beneficios de esa mejor decisión deben compartirse con todos tus conciudadanos. Estructuralmente, este problema impide que los ciudadanos inviertan en información política, lo que les lleva a votar siempre por «los suyos».

¿Incluso si hay corrupción?

Hemos tenido de todo: nuevas formaciones, otras que se han corrompido y la gente, más o menos, ha dejado de votar, pero también algunas que se han corrompido profundamente y todavía han seguido recibiendo apoyo. Esto demuestra que la corrupción no tiene consecuencias electorales. La votación no cambia o muy poco.

Critica la aversión a la competencia, pero no necesariamente la de los grandes empresarios, sino la que afecta a la vida cotidiana…

La competencia que realmente nos molesta no es la de los grandes triunfadores, sino la de nuestros vecinos en las escaleras o en el rellano; Es decir, personas que están en la misma situación que nosotros y que se esfuerzan más, se arriesgan, ahorran o trabajan horas extras. Pensemos en el vecino de la primera A, que gasta su dinero, y en el vecino de la primera B, que lo ahorra, compra un piso y lo alquila. Si el vecino B tiene problemas con los inquilinos que no pagan, el vecino A se siente moralmente superior si apoya una legislación que impida los desalojos. De esta manera, mata dos pájaros de un tiro: se siente moralmente superior y castiga al competidor que le molesta y que le deja en mal lugar por haberse esforzado y arriesgado. Este tipo de lógica subyace a muchas estructuras tributarias y dificultades de reforma en España.

¿A los españoles nos gusta vivir de la subvención? Invocamos el sistema danés y luego preferimos el venezolano.

A todos, a todos nos gusta vivir de los subsidios. Cuando hablamos de “pagos”, normalmente nos referimos a una parte mínima del sistema. Pero la principal subvención en España son las pensiones. Son muy generosos y superiores a lo que hemos aportado nosotros, y están muy por encima de los de otros países de nuestro entorno. Otro subsidio monumental es el sistema que favorece al sector público, como se vio durante la pandemia, cuando los salarios públicos aumentaron mientras que los privados sufrieron recortes.

¿Por qué somos tan improductivos?

Se puede explicar con un ejemplo. La hostelería recibe una subvención implícita porque tributa con el IVA al 10%, mientras que el tipo general es del 21%. En Dinamarca, la industria hotelera tiene una tasa del 25%. Este trato fiscal favorable, aunque discutible, incentiva el consumo por encima de la producción, especialmente los servicios turísticos. La gente está alarmada por tener un modelo poco productivo y poco innovador. Pero fiscalmente favorecemos que sea un parque de atracciones. Esto tiene graves consecuencias. Dado que la mayoría de los españoles no quieren trabajar en estos puestos, se recurre a mano de obra inmigrante. Si a esto le sumamos un sistema de pensiones muy generoso, la sostenibilidad del modelo queda en entredicho, ya que el crecimiento de una población inmigrante de baja productividad agrava el problema.

¿Con las políticas que se apliquen será posible mantener el estado de bienestar?

Nuestro Estado de bienestar es una mentira en la medida en que promete lo imposible y oculta los costos. Se basa en la ilusión de que podemos tenerlo todo sin esfuerzo. El problema radica en nuestro desconocimiento sobre las consecuencias posteriores de lo que pedimos. Queremos objetivos loables, como viviendas asequibles, pero impulsamos políticas como límites a los alquileres. Por nuestra falta de información, no entendemos que limitarlo provoque que los propietarios se retiren del mercado o seleccionen rigurosamente a los inquilinos. Esto inevitablemente hace que los precios suban. Paradójicamente, el deseo de favorecer a familias vulnerables acaba perjudicando a otras que también lo necesitan y buscan un contrato, ya que nadie querrá alquilarles una vivienda. Imponemos políticas que son contradictorias con los objetivos que deseamos.

Usted sostiene en su libro que el «sanchismo» es la evolución lógica de años de malas decisiones políticas, ¿por qué?

Porque el sanchismo no es la enfermedad, sino un síntoma. La deriva comienza, al menos, en los años 80, incluso antes, con errores constitucionales. Los padres de la Constitución pecaron contra el idealismo, otorgando libertad sin exigir responsabilidades. Posteriormente se tomaron decisiones gravísimas que restaron eficacia a la separación de poderes, como las reformas del CGPJ, de la Administración o de las universidades. Estos errores no son sólo atribuibles a quien los inició, que fue Felipe González, sino también a los gobiernos posteriores, de Aznar y Rajoy, que hicieron muy poco para revertirlos. Si diluimos la separación de poderes, es de esperar que llegue un individuo sin restricciones morales que utilice al límite estos instrumentos para su beneficio personal, conduciéndonos al desastre de la convivencia. Por tanto, no basta con sustituir a Sánchez; se necesita algo más.

¿Y qué se necesita?

El centroderecha a menudo se presenta con una promesa de gestión. Esto implica simplemente adaptarse para que las cosas funcionen. Sin embargo, si tenemos situaciones tan graves como el nivel de deuda pública o el déficit de pensiones, no basta con gestionar; Se necesita algo más para ajustarse, se necesita un cambio de dirección. Sin embargo, los precedentes no son halagüeños. En 2011, tuvimos un gobierno de centroderecha que ganó por mayoría absoluta y pasó seis meses sin hacer prácticamente nada más que aumentar los impuestos. Muchas reformas sólo se llevaron a cabo cuando fueron obligadas por la UE. La derecha cae en el vicio de prometer beneficios sin costo. Propone reducciones de impuestos, como el IBI, sin considerar que ello obliga a aumentar la deuda, o ignora problemas reales, como los gigantescos impuestos a las transmisiones, que son los que bloquean la movilidad inmobiliaria. Estas propuestas no sólo son minimalistas, sino que dan la impresión de que no se ha aprendido nada del pasado.

También critica que la alternativa de centroderecha esté «infectada de socialdemocracia irreflexiva». ¿Cuál es el riesgo de que este cambio de rumbo no se realice?

Falta credibilidad por los antecedentes y por querer complacer a todos. Si la alternativa no propone las soluciones radicales necesarias, existe el riesgo de perder votantes estratégicos que quieren consolidar su propio partido y evitar un «Rajoy II». Lo que se necesita es claridad y pragmatismo.

Usted toca la cuestión de la «captura de rentas» a través de la legislación, indicando que el Estado actúa a menudo para beneficiar a unos a expensas de otros…

Sin duda, la legislación se utiliza para capturar las rentas, aquí y en todas partes. Un claro ejemplo es el impago del alquiler. La solución más razonable para ayudar a una persona vulnerable sería a través del derecho público: recaudando impuestos y prestándole servicios o ayudas directas. Sin embargo, en España solemos recurrir a soluciones de derecho privado. Lo que hacemos es decirle al juez que aquellas personas necesitadas pueden seguir en posesión de la vivienda aunque no paguen el alquiler, obligando al propietario a correr con el coste.

¿Tenemos una solución o estamos condenados al fracaso?

No creo que estemos perdidos. Cuando el entorno cambia los españoles reaccionamos de forma muy competitiva. La clave es mejorar la racionalidad del elector haciendo más evidentes buena parte de los costos y beneficios de la interacción social, ya que muchas veces son invisibles.