El Ministerio de Consumo ha multado con 64 millones de euros a la plataforma online de alquiler turístico de viviendas Airbnb, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamiento turístico sin licencia.

La resolución adquiere firmeza y agota la vía administrativa una vez resuelto el recurso interpuesto ante el Ministro de Consumo, según ha informado este lunes el ministerio.

La resolución también implica dos sanciones accesorias que Obligar a la plataforma a subsanar los incumplimientos identificados, eliminar los contenidos ilícitos publicados, y hacer pública la multa impuesta.

Las violaciones de la normativa de consumo -identificadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb y que han dado lugar a esta resolución- han consistido en en prácticas comerciales desleales con los consumidores y usuarios.

En concreto, Consumo se ha referido a la publicación de anuncios de alojamientos turísticos sin licencia, contraviniendo las obligaciones que imponen la mayoría de normativas autonómicas, que exigen indicar el número de registro en la publicidad.

Publicidad engañosa

También ha mencionado anuncios que utilizan números de licencia o registro falsos o incorrectos, así como aquellos sin información veraz sobre la naturaleza jurídica de los hosting, que constituye publicidad engañosa.

Por este motivo, se ha impuesto una sanción por infracción grave por importe de 64.055.311 euros, cantidad que, según Consumo, equivale a «seis veces el beneficio ilícito» obtenido por Airbnb como consecuencia de estas prácticas, mantenidas desde la advertencia lanzada por el Ministerio hasta la retirada de los anuncios.

En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid Anteriormente había apoyado en distintos autos la orden de retiro dictada por el Ministerio.

El Ministerio también ha señalado una infracción por incumplimiento del régimen y obligaciones de los contratos celebrados a distancia, al omitir información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico anunciado. Se trata de una infracción leve, sancionable con 10.000 euros.

Asimismo, ha señalado la obstrucción o negativa a facilitar información durante la instrucción del expediente, ya que la plataforma no respondió a los requerimientos del Consumidor, otra infracción leve sancionada con 10.000 euros.

Finalmente, se ha señalado el incumplimiento de los deberes y prohibiciones impuestas por órdenes o medidas provisionales del órgano instructor -dictadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores durante la tramitación del expediente-, una infracción grave sancionada con 55.000 euros.

En el ámbito de la vivienda, el Ministerio ha recordado que mantiene diversos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia los inquilinos en la gestión de los alquileres.

Todas estas actuaciones se enmarcan en el objetivo marcado por Pablo Bustinduy de contribuir a afrontar la crisis inmobiliaria en España, uno de los principales problemas del país.

Bustinduy ha declarado que «hay miles de familias que viven al límite por culpa de la vivienda, mientras unas pocas se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a la gente de sus hogares», y ha subrayado que «ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley».