Varias asociaciones, entre ellas la Unión Progresista de Fiscales (UPF), han comenzado a recoger firmas para pedir al Gobierno el indulto a Álvaro García Ortiz, exfiscal general del Estado hasta hace apenas unas semanas. García Ortiz fue condenado por un delito de revelación de datos confidenciales en un caso que afectó a la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, investigada por fraude fiscal.

La iniciativa, impulsada bajo el lema “Perdón a García Ortiz: una necesidad democrática”, quedó registrado en la plataforma Change.org por la Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (EADIPH) y Ya supera las 5.000 firmas. El objetivo es instar al Ejecutivo a otorgar la medida de gracia al exfiscal general.

La EADIPH, fundada en 2004 y presidida por el Profesor de Derecho Internacional Carlos Villán, Cuenta con 121 miembros distribuidos entre España y Latinoamérica, según detalla la propia asociación en su página web.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales -a la que pertenecía García Ortiz y también la actual fiscal general del Estado, Teresa Peramato- ha difundido la campaña a través de redes sociales como X, donde ha asegurado que ««defiende y defenderá la inocencia de Álvaro García Ortiz en todos los foros».

En el texto de la petición, los promotores sostienen que el indulto a García Ortiz sería «un acto de justicia, serenidad democrática y protección institucional». Subrayan que no se trata de un privilegio ni de una decisión ideológica, sino de «un mecanismo constitucional» destinado a corregir situaciones excepcionalmente injustas y preservar el interés general.

«En España vivimos hoy un momento delicado para el Estado de Derecho»advierten. En su opinión, la condena del exfiscal general ha generado malestar social, tensiones institucionales y dudas sobre el respeto de los derechos fundamentales, lo que ha reabierto el debate sobre la equidad del resultado judicial.

Los impulsores de la iniciativa también sostienen que García Ortiz fue condenado por hechos vinculados con la emisión de una nota informativa ««destinado a detener un engaño que afectaba directamente el funcionamiento de una institución constitucional.». En este sentido, recuerdan el voto disidente de dos jueces, que alertaron de una posible vulneración de la presunción de inocencia y defendieron que la elaboración de la nota fue «la única opción legal posible» contra la difusión de información falsa.

La petición insiste en que el indulto «no anula la sentencia ni cuestiona al tribunal»ni elimina el debate jurídico subyacente. «Es un acto de responsabilidad, no de enfrentamiento», señalan, y defienden que las democracias más sólidas son aquellas capaces de corregir excesos, aliviar tensiones y evitar que la justicia se convierta en fuente de fractura social.

Los firmantes concluyen que plantean esta petición «como ciudadanos, juristas, profesionales, trabajadores y estudiantes», apelando a la combinación entre legalidad y indulgencia cuando las circunstancias lo exigen. «No es un privilegio», subrayan, «es una necesidad democrática».

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